Salvador Castell-González
Empezamos el año con la histórica Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la acción climática es una obligación de derechos humanos y no solo una decisión política de los Estados americanos.
Si bien ya se había reconocido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, este fallo no solo representa una declaración moral, sino que marca el inicio de un nuevo marco legal que modifica los conceptos de riesgo y responsabilidad en el continente. Ahora, las acciones empresariales dejaron de ser voluntarias para convertirse en obligaciones establecidas por el marco legal continental vigente. El debate ha evolucionado: no se trata de discutir si es bueno actuar, sino de cómo evitar sanciones legales por no hacerlo.
¿Cómo una tragedia natural se transforma en una violación de derechos? Por ejemplo, cuando una comunidad costera pierde su tierra ante el avance del mar, el sufrimiento antes se veía como inevitable o motivo de ayuda humanitaria. Ahora, con el consenso científico del Ipcc respaldado por la Corte, ese daño es evidencia de la vulneración de derechos fundamentales (vida, integridad, salud) debido a la inacción estatal. Es importante distinguir entre las consecuencias de la falta de acción y las decisiones poco racionales que ignoran el atlas de riesgo y la legislación vigente.
El derecho ha reconocido oficialmente que la salud humana y la salud planetaria son indistinguibles. El impacto es profundo, pues obliga a los Estados a adoptar planes de prevención y reparación basados en la mejor ciencia disponible. Un artefacto legal que obliga a que las leyes y reglamentos deben estar actualizados en ciencia y técnica.
Esta victoria representa un logro latinoamericano, resultado de la colaboración entre Chile y Colombia, con aplicación directa desde México hasta la Patagonia. Por primera vez, la región se establece claramente como referente jurídico internacional en la protección ambiental. Cabe destacar que Latinoamérica ha tenido un papel relevante como impulsora del reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Este fallo sirve como guía legal para transformar la indignación en acción. Ahora, además de protestar, se puede recurrir al litigio estratégico. El mensaje es empoderar a la ciudadanía y exigir gobernanza estricta a las empresas. La inacción climática deja de ser un riesgo reputacional y se convierte en una responsabilidad legal que obliga a actualizar los planes de adaptación o enfrentar demandas.
La euforia debe dar paso a la preparación táctica. Se anticipan las primeras demandas colectivas contra empresas estatales de energía en seis meses, usando la OC-32 como recurso legal. La protección judicial será probada ante grandes generadores de emisiones. Este fallo fundamenta la revisión del código de conducta corporativo y estatal en la región.
