El INE Yucatán prepara despido de 40 funcionarios por entrada en vigor del Plan B

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, Luis Alvarado Díaz, informó que, tras la entrada en vigor del “Plan B”, en el país se despedirá al 84% de los integrantes del servicio profesional Electoral, lo que significa aproximadamente a 40 personas de dicha área en el estado. 

Alvarado Díaz recordó que la ley entró en vigor la madrugada de ayer y que impacta de manera directa el trabajo que se viene realizando por parte de quienes conforman el Servicio Profesional Electoral, personal el cual ha ingresado al Instituto mediante concursos públicos. 

“Entre personal del instituto tanto administrativo como el del servicio profesional electoral mucho conocimiento porque ya estábamos esperando que se hiciera esto y la libertad de que todos los que trabajan en la institución puedan impugnar estas leyes”, señaló. 

Alvarado Díaz resaltó que hay también quienes se han manifestado desde la opinión ciudadana para impugnar estas leyes, comenzando una carrera judicial y contra el reloj para que no se aplique esta ley. 

“Desafortunadamente, los legisladores la aprobaron sin discusión alguna. Esperamos que entre tantas irregularidades eso haga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda los efectos de esta Ley y darles certeza a los ciudadanos”, indicó. 

Durante la entrevista mencionó que con esta nueva ley se complica la certeza de las próximas elecciones, ya que el INE se verá obligado a realizar procesos de prisa.

“Esto es lo que los ciudadanos no deben permitir y perder de vista, las cosas como las realizamos tenían una rigurosidad, una vigilancia, un seguimiento, había tiempo y calidad y ahora nos están obligando que hagamos las cosas sin calidad, de prisa y mal hechas”, expresó.

Finalmente, el entrevistado señaló que con el “Plan B” se tendría un gasto de tres mil millones de pesos en liquidaciones a todos los empleados de este sector a nivel nacional, pero además afirmó que tiene que haber una reestructura administrativa aprobada por el Consejo General, cuyo plazo sería hasta agosto de este año.

Texto y foto: Andrea Segura