Carlos Hornelas
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Esta semana, el presidente recibió el tercer revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no consintió clasificar los megaproyectos de su sexenio como asuntos de “seguridad nacional” y con ello, no pudo librarse de dar mayores explicaciones o datos sobre todas las adquisiciones, obra, operaciones y demás detalles.
El decreto, vulnera, según la Corte, el derecho a la información consagrado en la Constitución, así como el deber de la rendición de cuentas a la que todo gobierno está obligado para respetar la condición democrática por la que fue electo. En otras palabras, es una necedad pensar que trabajar por el pueblo se hace ocultando la información de aquello que se hace con los recursos que éste provee para el funcionamiento de la administración.
Es un verdadero despropósito pensar que el gobierno que actúa en beneficio del pueblo tenga que ocultarle al pueblo cómo opera. Si en realidad el aprovechamiento de las obras es tan grande, tan evidente y tan indiscutible, no debería haber ningún obstáculo para demostrar que todo aquello q se hace por el bien de la Nación, está a la vista y a salvo de toda crítica.
Desde el portal presidente.gob.mx o bien desde www.gob.mx uno puede consultar los llamados 100 compromisos que Andrés Manuel presentó al inicio de su mandato, así como el estado en el cual se encuentran, de acuerdo con sus propios datos. El año pasado, a estas fechas dijo que los únicos dos pendientes que quedaban por resolver eran: 1) dar con los responsables del caso Ayotzinapa y 2) la descentralización del gobierno que, en sus palabras, se retrasó por la pandemia.
Si atendemos al documento de los llamados 100 compromisos, el 51 dice a la letra “Las compras de gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU”. Mientras que el compromiso 52, que puede consultarse en la fuente mencionada establece que “Los contratos de gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU”. No obstante, ahora por alguna razón el titular del ejecutivo piensa distinto a estas alturas del sexenio y busca a través de un segundo decreto, evitar el acceso a toda la información de dichos proyectos.
En una conferencia mañanera, ha espetado sobre los ministros de la Corte “ahora resulta que se mandan solos”. Y en realidad sí se mandan solos. De hecho, el poder judicial es un contrapeso, un poder tan soberano como el ejecutivo o el legislativo y no está subordinado a ningún otro.
Para seguir con el mismo documento, el compromiso 92 reza: “Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes”. Aunque le haya tocado proponer a cuatro de los 11 ministros de la corte y presumir su cercanía con otro más, se está enterando que la Corte no está para obedecerlo.
Como las últimas resoluciones de la Corte no le han favorecido, a pesar de sus intentos por cooptarla o controlarla, ahora opina que ese poder está podrido, dice “la hemos perdido”. A un año y algo más de culminar su mandato ahora se propone hacer que los ministros que a conforman sean elegidos por “el pueblo”. En realidad esa figura discursiva parece soslayar un deseo por desintegrarla.
Hemos visto que, a las instituciones, incluso las del estado, cuando las cataloga como sus “adversarios” hace todo por tratar de eliminarlas, en lugar de reformarlas, bajo la consigna de que fueron erigidas bajo el modelo neoliberal. Las más emblemáticas tal vez sean tanto el INE como el Inai, pero la lista se extiende y ahora incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
