El pleno del Senado turnó a San Lázaro la reforma que fortalece las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la cual tendrá a su cargo la estrategia nacional en la materia y regresa la misma a un mando civil, así como junto con el Ministerio Público y la Guardia Nacional podrá realizar la investigación de delitos.
La reforma aprobada por unanimidad en lo general y en lo particular que crea la llamada súper secretaría que está a cargo de Omar García Harfuch, modifica el artículo 21 de la Carta Magna para establecer que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función”.
Además, plantea que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y auxiliará al titular del Ejecutivo federal en funciones en esta materia y coordinará el sistema nacional de inteligencia en el rubro de seguridad.
También podrá coordinar la colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de sus instituciones de seguridad, quienes deberán proporcionar información que dispongan o recaben en materia de seguridad; la Secretaría de Seguridad, además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclareces hechos presuntamente delictivos.
Y establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con un Secretariado Ejecutivo que, además de emitir bases, acuerdos y lineamientos, podrá realizar las acciones necesarias para homologar estándares y criterios en materia de seguridad, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno.
En su turno, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, señaló que el proyecto dota de herramientas jurídicas a las instituciones de seguridad pública en el país.
Pero apuntó que es necesario “meterle mano” a las fiscalías, ministerios públicos, defensorías de oficio, a los servicios periciales y a todo el engranaje que conforma la responsabilidad del Estado mexicano para atender la procuración de justicia y la seguridad pública.
En tanto, Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN, indicó que la reforma busca redefinir, ajustar y optimizar el marco constitucional en materia de seguridad pública, porque “la situación de violencia que enfrentamos hoy en el país es crítica”, y exige soluciones puntuales e inmediatas, así como decisiones responsables y cuidadosamente balanceadas.
En su turno, Rolando Zapata, del PRI, apuntó que “en la lucha contra la inseguridad siempre debe haber espacio para la unidad nacional y ninguna grieta por donde se cuele el egoísmo político”.
Texto y foto: Agencias
