Las 11 empresas demandadas sostienen que las muertes en México asociadas a las armas extranjeras no son rastreables y que no tienen obligación de proteger al país de delincuentes mexicanos
Las empresas de armas de fuego demandadas por el gobierno mexicano el pasado 4 de agosto ante una Corte Federal en Boston, Estados Unidos, comenzaron a presentar los argumentos para su defensa. Entre ellos, señalan que la querella es violatoria de las leyes norteamericanas, que las muertes asociadas a las armas extranjeras no son rastreables, y que dichas empresas no tienen la obligación legal de proteger a nuestro país de los delincuentes mexicanos.
Al respecto, Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, dijo que los argumentos de las empresas ya los tenían previstos.
“Nada que la Cancillería no viera venir ya ni nada que sea insuperable, producto de una demanda muy bien planteada. Empieza ya la batalla real”, escribió en su cuenta de Twitter.
El funcionario mexicano explicó que dichos argumentos por parte de las 11 empresas buscan detener el litigio en su contra, y adelantó que el gobierno mexicano hará lo propio.
“Recibiremos las respuestas y defensas legales esperadas. El equipo legal SRE las analiza e informará elementos a destacar. El Gobierno de México tiene hasta 31 de enero de 2022 para responder a estas defensas”, concluyó.
En la lista sostienen primero que México carece de legitimación del artículo III de los Estados Unidos, en el que se detalla que para legitimar la demanda se debe demostrar que las lesiones del demandante son rastreable, desde la compra del arma hasta la conducta supuestamente ilegal de los acusados.
“La denuncia admite hechos que confirman que los supuestos daños de México no son bastante rastreables a las acciones de los acusados”, señala el texto que fue compartido Celorio.
En los argumentos de su defensa, las 11 empresas demandadas advierten que México no alega hechos que demuestren que las prácticas comerciales de los acusados son la “causa próxima” de las lesiones infligidas por los carteles de la droga mexicanos.
“La cadena de causalidad está demasiado atenuada. Los actos delictivos intencionales que intervienen rompen la cadena de causalidad.
Los supuestos daños del gobierno mexicano se derivan de otras víctimas. Prorratear los daños y la responsabilidad sería inviable”, explican como parte de la tesis.
Texto y foto: Agencias
