La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el gobierno del estado de Campeche suscribieron un acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización y mejora de la gestión gubernamental, así como un convenio para compartir con la entidad la plataforma informática para realizar la verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales de las personas servido- ras públicas de la entidad.
Ambos instrumentos signados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, se realizan en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
El Sistema Integral de Evolución Patrimonial, motivo del convenio de colaboración, fue desarrollado por la SFP y permitirá a la entidad realizar una verificación aleatoria para constatar que la evolución patrimonial corresponda con lo declarado por las personas servidoras públicas estatales, y detectar posibles conflictos de intereses. Además, se dará capacitación y asistencia a las personas servidoras públicas que operarán el sistema informático.
En tanto, el propósito del acuerdo de coordinación es establecer las bases para que la SFP y el gobierno de Campeche fortalezcan la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos federales, el control interno y la evaluación de la gestión estatal.
También se busca promover la integridad en el sector empresarial e impulsar mecanismos de contraloría social y de participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción, así como prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
El secretario Roberto Salcedo afirmó que “la estrategia más efectiva para anticipar y gestionar los riesgos de corrupción es la prevención, y la principal herramienta para evitar su materialización reside en el control interno”, y añadió que “la mejora de la gestión complementa al robustecimiento del control interno. Ambos son condiciones necesarias para consolidar un gobierno eficaz y probo, en el que lo público funcione, y funcione bien”.
Destacó “la importancia de la participación ciudadana como apoyo en las tareas de fiscalización, la cual se materializa en la vigilancia de la aplicación de los fondos destinados a los programas sociales por medio de la contraloría social; y la presentación de denuncias y alertas sobre posibles hechos de corrupción”.
El acuerdo de coordinación fue construido con base en las mejores prácticas adoptadas en los ámbitos nacional e internacional para prevenir, detectar y disuadir hechos de corrupción.
Por su parte, la contralora Estatal, María Eugenia Enríquez Reyes, reafirmó que, “es importante homologar la normativa en materia de control interno en los tres órdenes de gobierno asegurando la inclusión de la evaluación del control interno de los organismos auditores para identificar los cambios legales estructurales y normativos que permitirán fortalecer a los Órganos de Control del Poder Ejecutivo”.
