El fácil acceso a las armas de fuego, la disputa calle por calle para la venta de drogas al menudeo entre cárteles locales, pero sobre todo la impunidad son los factores por los que en esta ciudad se puede asesinar a cualquier persona sin consecuencia alguna, aseguran especialistas.
Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelan que de los 730 homicidios dolosos registrados del 5 de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2019, apenas se han resuelto 5% de los casos. Es decir, sólo 40 personas imputadas en homicidios dolosos llegaron ante un juez, de los cuales solamente tres se judicializaron.
El problema, aseguran los académicos, es añejo, lo que complica el verdadero trabajo de investigación de los agentes asignados a los homicidios en la procuraduría local, pues cada día se van incrementando los expedientes, de los cuales se da prioridad a los casos de “alto impacto” o “mediáticos”, dejando de lado los eventos menos visibilizados.
El análisis criminológico al que EL UNIVERSAL tuvo acceso revela que en 178 expedientes registrados —que contempla 730 víctimas durante el último semestre y cuyas muertes se relacionan con el ajuste de cuentas entre cárteles locales— la procuraduría capitalina no tiene idea de quiénes fueron los agresores, no hay avances en la investigación.
En marzo pasado, Martha vio cómo frente a su estética en la alcaldía de Tlalpan asesinaron a su hijo de dos tiros en la cabeza y a la fecha, cuatro meses después, los agentes de la Fiscalía de Homicidios de la PGJ no le han proporcionado avances de la investigación.
La mujer inició una indagatoria independiente y gracias a la aportación de información de sus vecinos, asegura que encontró al asesino. El problema es que ni un oficial le hace caso ni la apoyan con la detención bajo el argumento de que “tienen mucho trabajo”.
“La verdad es que la esperanza se va terminando poco a poco, el asesino de mi hijo vive en la colonia Fabela y nadie me ayuda. Uno hasta las fotos [del asesino] les lleva a los policías, pero no nos hacen caso, que no pueden, no tienen tiempo, tienen mucho trabajo”.
La misma situación vive Ana Karen. El 12 de febrero asesinaron a su hijo en un asalto al transporte público, entre Puebla y la CDMX, porque no quiso entregar su celular.
Consiguió los videos de los agresores de su hijo, los entregó al agente que lleva el caso y éste simplemente le dijo: “Está bien, señora, luego los reviso”, cinco meses después ni una llamada de los agentes investigadores ha recibido. Incluso ha habido casos en los que por sólo traer 30 pesos, los asaltantes matan a los pasajeros.
Para lograr una pronta resolución de los casos, los especialistas detallan que hace falta desde mayor profesionalización hasta más elementos en la dependencia local, de lo contrario, el problema se convierte en una bola de nieve imparable: “No puede ser que un solo agente tenga 20, 30 casos, es imposible, ese es parte del problema”, comentó Luis Hinojos del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Ana Cecilia Márquez, de la UAM, explica que el problema es la impunidad: “Mientras la procuraduría local no dé un golpe de autoridad, estos crímenes van continuar, los delincuentes se van a seguir burlando, porque las autoridades no dan una, no vayamos muy lejos, [el caso] Norberto se mediatizó y, ¿cuál es el resultado? Ninguno”, explica la perito criminalista.
