El ciclo escolar 2024-2025 finalizó este miércoles para casi 24 millones de estudiantes de educación básica y más de 5.5 millones de educación media superior. Para la organización Mexicanos Primero este período ha estado marcado por la violencia, eventos climáticos extremos y paros docentes que impactaron el derecho a la educación.
Para la organización civil Mexicanos Primero, las y los estudiantes terminan un ciclo escolar marcado por contrastes: avances en programas oficiales, pero también violencia, eventos climatológicos extremos y paros magisteriales que comprometieron el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a estar en su escuela y aprender en ella.
Durante este periodo, el gobierno federal avanzó en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana; incrementó el número de becas para fomentar la permanencia escolar y/o la conclusión de estudios; y, el programa La Escuela es Nuestra incluyó, por primera vez, a la educación media superior, beneficiando a 6 mil 115 planteles.
Para este mismo nivel educativo se anunció que se habilitarán 37 mil nuevos espacios en 2025 y la meta para final del sexenio es de más de 100 mil.
Además, se decidió que México continúe participando en la prueba PISA que evalúa las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias; es decir, lo que pueden hacer con lo aprendido. La prueba se aplicó en los meses de abril y mayo, y sus resultados se darán a conocer en diciembre de 2026.
Se puso en marcha la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz para que, mediante la promoción de hábitos saludables contribuya a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país; lo que incluye, regular el expendio de alimentos al interior de los planteles escolares, fomentar la actividad física, la salud bucal y visual, la atención emocional y la prevención de adicciones.
Para la ONG si bien el gobierno federal impulsó el derecho de las y los estudiantes a asistir a la escuela en mejores condiciones, la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) representan un retroceso en materia de transparencia educativa. Sin estos organismos y la información que generaban, es mucho más difícil saber cuántos estudiantes están fuera del sistema, en qué condiciones estudian quienes sí están y si realmente están aprendiendo.
Además, la incertidumbre generada entre las y los docentes por la anunciada desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicammm) y la falta de claridad sobre un nuevo sistema de promoción —que sugiere incluso evaluaciones entre pares— ha dejado al magisterio en un limbo administrativo y laboral.
Por otro lado, el paro de docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte), que duró 24 días, afectó a más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México y Yucatán. Según la SEP, 19 mil 974 planteles (10 % del total nacional) tuvieron suspensión total de actividades. Como resultado de las protestas, se redujo el número de días de clase y se amplió el periodo vacacional.
La realidad en muchas regiones del país muestra que las condiciones para ejercer el derecho a aprender se deterioraron. La violencia relacionada con el crimen organizado obligó al cierre recurrente de escuelas en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Morelos. En Sinaloa, por ejemplo, al menos 582 de las 978 escuelas de turno matutino en Culiacán cerraron desde septiembre de 2024 y así permanecieron durante gran parte del ciclo.
Texto y foto: Agencias
