De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de cada diez divorcios en México, siete padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia.
Esta estadística, de acuerdo con el Doctor en Derecho Rubén Osorio Paredes, quien es especialista en derecho Familiar, remarca la trascendencia e importancia de la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios y de la “Ley 3 de 3”.
Con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, cuya creación se aprobó en marzo de 2023, ahora cada persona deberá presentar el certificado de no inscripción al Registro para ciertos trámites, lo anterior significa que si el papá de tus hijos tiene adeudos de pensión alimenticia no podrá tramitar su licencia para conducir, ni su pasaporte o incluso su credencial de elector.
Tampoco podrá volver a casarse por lo civil o realizar trámites referentes a la compraventa de inmuebles. Tampoco podrán ser candidatos a algún cargo público de elección popular. La creación material del registro nacional debe estar lista a principios de este año. —En cuanto a la Ley 3 de 3 el titular del Despacho, Rubén Osorio y asociados, explicó que en dicho ordenamiento se determina que no podrá competir a un cargo de elección popular o acceder a un cargo público, quien sea deudor alimentario, tenga antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.
El especialista en Derecho Familiar, Rubén Osorio Paredes, subraya que con la entrada en vigor —el 29 de mayo pasado— de las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, que dieron vida a la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, se establece la suspensión de derechos para buscar un puesto de elección popular a las personas que hayan sido sentenciadas por la comisión de un delito sexual, por la falta de pago de pensión alimenticia o por haber incurrido en violencia familiar.
El espíritu de esta nueva ley está en que antes de ser servidor público, antes de pensar en servir a los demás, hay que ser un buen padre y un buen servidor en casa, explica el doctor Rubén Osorio Paredes Para muchas madres es muy difícil lograr que el padre de sus hijos cumpla su deber alimentario cuando aquel está ligado a un cargo público y logra evadir su obligación mediante relaciones o amistades políticas, pues el derecho a una pensión alimenticia, más que una obligación jurídica es un verdadero deber moral, añade.
No obstante, alerta sobre la tentación de que una denuncia pueda ser utilizada con fines políticos para dejar fuera de una elección o cargo público a un contendiente. La tentación de politizar esta noble y necesaria reforma está ahí, apuntó el especialista en estos temas Rubén Osorio Paredes. La autoridad deberá estar doblemente atenta en el curso legal de este tipo de denuncias para realizar una investigación exhaustiva, llegando a la verdad de los hechos, y para asegurarse de que realmente se trate de la comisión de un delito y no de una maniobra política —Todo lo anterior significa que en las elecciones de 2024 ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar podrá ser candidata a un cargo de elección popular.
—El especialista en derecho familiar abundó que esta ley es una aliada para muchas madres que no podían acceder a una pensión alimenticia para sus hijos porque el padre recurría a las relaciones políticas para no pagar. Por eso digo que el mensaje, la parte humana de la ley, es que antes de ser un funcionario público hay que empezar por ser un buen padre.
—Ahora los incumplidos tendrán la presión legal. Pensarán dos veces antes de incurrir en un incumplimiento y se apresurarán a un acuerdo sobre la pensión si no desean afectar su función pública, abundó el especialista en derecho familiar.
Texto: Rubén Osorio Paredes
Fotos: Cortesía
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