Las y los legisladores campechanos avalan tres iniciativas presentadas por la Gobernadora en materia de acceso a la justicia y combate a corruptelas
Por unanimidad, las y los diputados de la 65 legislatura local avalaron tres iniciativas de la gobernadora Layda Sansores San Román, en materia de acceso a la justicia y combate a la corrupción.
La primera, corresponde a una iniciativa que reforma el artículo 76 BIS de la Constitución Política del Estado, a fin de establecer que el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, “formará su patrimonio con la partida presupuestal que se le asigne en cada ejercicio fiscal, destinando los recursos suficientes para la efectiva garantía de las y los beneficiarios de este organismo; dicha partida presupuestal deberá incrementarse en cada ejercicio fiscal de tal modo que se tenga la suficiencia financiera para el adecuado ejercicio de sus funciones y cumpliendo con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las personas beneficiarias del Instituto”.
Sobre el tema, se avaló expedir la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados y Destino de Bienes Declarados Extintos y de Sanciones Económicas por Hechos de Corrupción para el Estado. Con ello, se regula la administración y destino de los bienes asegurados, abandonados o decomisados en juicios y procedimientos de índole penal, administrativo o de extinción de dominio, así como regular el destino de los bienes declarados extintos por las autoridades jurisdiccionales estatales y, el destino de los ingresos por las sanciones económicas impuestas por faltas administrativas graves.
La segunda, reforma disposiciones del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado, con el fin de que “la reparación del daño que derive de hechos de corrupción deberá ser enterada y administrada por el Estado a través de la Unidad para Devolver a Campeche lo Robado, debiéndose destinar a los programas sociales prioritarios de la Administración Pública Estatal, en materias de salud, educación, bienestar, de atención a víctimas, así como en políticas públicas de desarrollo social, combate a la corrupción y de protección de derechos humanos”. Lo anterior en beneficio de los habitantes de los municipios donde se haya cometido el hecho de corrupción.
La tercera, reforma la Ley que establece el Sistema de Justicia para Víctimas y la Ley que Establece el Instituto de Acceso a la Justicia, ambas del Estado de Campeche, a efecto de contar con un marco normativo actualizado que garantice plenamente los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos a la asistencia, mediante el establecimiento de un fondo específico para cubrir los montos de asistencia y reparación que se consideren procedentes, y a través de un órgano colegiado y multidisciplinario que asegure, promueva y proteja sus derechos, ambos homologados al modelo nacional establecido.
Asimismo, se estimó conveniente eliminar de las atribuciones establecidas a la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, lo relativo a erigirse como Consejo del Sistema para las Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado, en atención a la desaparición de dicho Consejo para ser sustituido por la Comisión Ejecutiva Estatal, que será la encargada de atender los asuntos relacionados con las víctimas.
Al igual, la constitución del fideicomiso público “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Campeche” se deberá realizar por la Secretaría de Administración y Finanzas en un plazo que no exceda de 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Finalmente, el Pleno avaló el escrito de renuncia de la magistrada numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Virginia Leticia Lizama Centurión, con efectos a partir del 21 de octubre del presente año.
Texto y fotos: Agencias
