El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala ejecutó ayer un “intento de golpe de Estado”, como lo ha denominado la Organización de Estados Americanos (OEA), en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
En una conferencia comandada por el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, sancionado por Estados Unidos bajo cargos de corrupción, la Fiscalía divulgó varios supuestos casos penales en contra de Arévalo de León y también en contra del Tribunal Supremo Electoral.
Derivado de uno de dichos casos, el Ministerio Público argumentó que deben anularse los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio y el balotaje del 20 de agosto, ganadas sorpresivamente por Arévalo de León, que obtuvo el 58 % de los votos escrutados.
La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales quien dijo en una rueda de prensa que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.
Morales argumentó que existe una irregularidad administrativa, ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.
La Fiscalía también señaló a Arévalo de León de supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero de alrededor de 40,000 dólares.
Minutos después de la exposición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral garantizó el triunfo de Arévalo de León y también los resultados de los comicios. La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó en una conferencia de prensa que los resultados están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.
Texto y foto: EFE
