El sureste de México es vulnerable a apagones por la falta de infraestructura de generación, transmisión eléctrica y de gas, por lo que la ampliación del gasoducto Mayakán es clave para abastecer la región; el proyecto busca reducir el uso de combustóleo, atraer inversiones y enfrentar el déficit energético nacional, en un contexto de creciente demanda por el nearshoring
La vulnerabilidad del sureste de México ante apagones eléctricos ha puesto en evidencia una problemática estructural: la falta de infraestructura en generación, transmisión eléctrica y suministro de gas. En este contexto, el proyecto de ampliación del gasoducto Mayakán —una obra clave para abastecer de gas natural a la Península de Yucatán— se perfila como una de las soluciones más importantes para transformar el sistema energético de la región.
De acuerdo con una fuente de Engie México, empresa encargada del proyecto, se prevé que la obra completa esté finalizada en el primer semestre de 2027. Si bien se había anunciado que las operaciones comenzarían en diciembre de 2026, el proyecto avanza por etapas, las cuales irán concluyendo de forma escalonada.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta serias limitaciones en la región. La falta de gas natural ha obligado a la empresa estatal a utilizar combustóleo en sus plantas eléctricas, un combustible más caro y altamente contaminante. Esta situación, además de encarecer la generación eléctrica, tiene un impacto ambiental negativo.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Emilio Blanco del Villar, señaló que una vez que el gasoducto Mayakán esté en operación, surtirá de gas natural a las nuevas plantas de ciclo combinado en Kanasín y Valladolid. Esto permitiría alcanzar la autosuficiencia energética en la región hacia 2032, abriendo las puertas a la instalación de nuevas fábricas y empresas productivas que requieren de energía constante y asequible.
Engie México, en sociedad con el fondo australiano Macquarie Asset Management, invertirá 2 mil millones de dólares para duplicar la capacidad del actual gasoducto Mayakán. El objetivo es pasar de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que permitirá alimentar las centrales eléctricas Mérida IV y Riviera Maya, propiedad de la CFE.
Además, la expansión contempla el desarrollo de una red de distribución para abastecer a unas 18,000 viviendas, comercios e industrias en los municipios de Mérida, Progreso, Umán y Ucú. El uso de gas natural promete una fuente de energía más eficiente, económica y amigable con el medio ambiente, lo que también incentivará la llegada de nuevas inversiones y el desarrollo económico del sureste.
A pesar de las recientes tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, Engie aseguró que el proyecto no se ha visto afectado por los aranceles estadounidenses. Esto se debe a que se trata de una obra estratégica para el país, además de que todos los materiales utilizados son de fabricación nacional.
Otro factor que ha llamado la atención es que la desaparición de los reguladores energéticos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), tampoco ha afectado el avance del proyecto. Engie explicó que los permisos se obtuvieron con anticipación y que ahora la Secretaría de Energía (Sener) asume las funciones de regulación y vigilancia, mientras se crea una nueva Comisión Nacional de Energía.
La expansión del gasoducto Mayakán llega en un momento clave, cuando México enfrenta un déficit del 30% en la producción de energía eléctrica. Este problema se ha intensificado con el fenómeno del nearshoring, que ha incrementado la demanda energética debido al traslado de fábricas y líneas de producción de Asia, Estados Unidos y Europa hacia México.
Datos de la Sener indican que el país requiere inversiones por más de 40 mil millones de dólares en generación eléctrica durante los próximos cinco años, si desea aprovechar el auge del nearshoring. Solo para cubrir el crecimiento inercial de la demanda, sin contar nuevas inversiones, se necesitan 12 gigawatts adicionales, equivalentes a unos 14 mil millones de dólares.
Sempra Infraestructura, otra firma del sector energético, ha advertido que la pobreza energética en México también representa un desafío: apenas el 12% de la población tiene acceso a gas natural en sus viviendas, y cerca del 1% carece totalmente del servicio eléctrico. Entre 2020 y 2022, los hogares en pobreza energética pasaron de 4.8 a 4.9 millones.
La falta de infraestructura en transmisión eléctrica es otro obstáculo. Sin redes suficientes para transportar la energía generada, cualquier intento de expansión queda limitado. En este sentido, los expertos coinciden en que la inversión debe ser integral: generación, transmisión, distribución y acceso.
Mientras tanto, el sureste mexicano espera que proyectos como el gasoducto Mayakán marquen el inicio de una nueva etapa energética. Una en la que la confiabilidad del servicio, la sostenibilidad y el crecimiento económico vayan de la mano.
Texto y fotos: Darwin Ail
