Entender la violencia contra la prensa de forma unidimensional y unicausal es un craso error en los análisis de la situación que viven las y los periodistas en México. Es importante poner énfasis en las violencias dentro del “sistema” propio de relaciones prensa-poder.
No podemos dejar de lado que la descomposición de las condiciones sociales, políticas, laborales, físicas y económicas bajo las cuales trabajan los periodistas y los medios de comunicación son resultado de las relaciones de poder que imperaron durante el régimen de partido hegemónico, donde persistía una serie de mecanismos de coerción y cooptación para controlar el flujo de información sobre los temas de interés público.
Desde mecanismos institucionales como el monopolio en la proveeduría de papel periódico, el favorecimiento en la concentración de medios radiofónicos y el monopolio televisivo, así como el control de la publicidad oficial; hasta los mecanismos extrainstitucionales como las presiones directas o sutiles a dueños y directores editoriales de medios de comunicación por parte de los diversos gobiernos, la censura se impuso de manera sistemática bajo un esquema complejo e intrincado. Hoy, en la era de la “guerra contra el narcotráfico”, a la violencia sutil se sumó la violencia extrema para censurar.
Es por eso que una perspectiva omnicomprensiva de la problemática nos ayudará a tener soluciones integrales para revertir el patrón actual de violencia contra las y los periodistas. Dicha perspectiva permite visibilizar resabios autoritarios en el proceso de construcción democrática. Por ello es importante dar una mirada a las respuestas institucionales hasta hoy brindadas a los factores de censura sutil/indirecta y aquella extrema/directa. El panorama no es halagüeño.
La institucionalidad simuladora
Desde abril pasado, por orden de la Suprema Corte, se aprobó en el Congreso federal una Ley General de Comunicación Social que buscar regular el gasto de publicidad oficial.
Sin embargo, esa normativa solamente legaliza el statu quo, da forma jurídica al despilfarro, arbitrariedad y opacidad en la asignación de la publicidad oficial.
También tenemos un Instituto Federal de Telecomunicaciones autónomo derivado de una reforma constitucional en 2013. Nada nuevo bajo el sol, los mismos de siempre siguen acaparando el espectro radioeléctrico –y más del 50% de la publicidad oficial– sin generar condiciones de “justicia distributiva” en el acceso a los medios de comunicación. De hecho, las radios comunitarias, siempre marginadas de la política de telecomunicaciones, son perseguidas y criminalizadas. Así, mediante la asignación discrecional de la publicidad oficial (“no pago para que me peguen”) y la concentración de medios de comunicación, se inhiben proyectos y voces críticas e independientes.
La situación laboral de los periodistas no es mejor. En el reporte de investigación intitulado Panorama de Perfiles Demográficos, Laborales y Profesionales de los Periodistas en México, se confirmó que las y los periodistas laboran en condiciones sumamente adversas: 47.1% de las y los periodistas perciben ingresos hasta 10 mil pesos mensuales. Muchos de ellos no tienen seguridad social. Para ellos y ellas precarización laboral y censura. Para las y los periodistas no hay Ley Federal del Trabajo ni institucionalidad en la materia que les proteja. Sin condiciones materiales dignas el buen periodismo es excepción, no regla.
Sumemos a estas condiciones las amenazas, el hostigamiento, los asesinatos por ejercer la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), califica a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, exceptuando los contextos de guerra. El año pasado desde ARTICLE 19 documentamos 507 agresiones contra la prensa. De ellas, 12 fueron asesinatos. Hasta el día de hoy hemos registrado ya 6 asesinatos de periodistas, posiblemente en razón de su ejercicio.
Hay un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hay una Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Pese a la institucionalidad existente, hay más violencia contra la prensa. En México creamos instituciones para que no funcionen, para simular. Es evidente el fracaso si la violencia contra la prensa no disminuye.
Y eso persistirá mientras se aborde el problema de manera fragmentada, mientras no se entienda que la lucha contra la impunidad se complementa con las medidas “duras” de protección para las víctimas y sus familias, y con el reconocimiento público y permanente del Estado a la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En unas semanas el Mecanismo se quedará sin recursos y 700 personas beneficiarias de medidas de protección se quedarán inermes antes sus agresores. O mejor dicho, aún más indefensos, si sumamos la impunidad que los perpetradores ya tienen garantizada. Eso podemos esperar cuando la Feadle anuncia con “bombo y platillo” su primera sentencia condenatoria en dos años de operación en el nuevo sistema de justicia penal.
La quiebra económica del Mecanismo nos demuestra el poco interés del gobierno actual por el tema. Sí, las palabras se las llevó la realidad que se impuso. El 17 de mayo de 2017 –dos días después del asesinato de Javier Valdez– el presidente Enrique Peña Nieto anunció, con el boato que caracteriza los actos protocolarios de esta administración, las “acciones para proteger la libertad de expresión”. Se comprometió, entre otras cosas, a dotar de recursos al Mecanismo y la Feadle. Hoy, el primero está a punto de suspender medidas por falta de dinero. Dinero que, por cierto, no falta para anunciar los “logros de gobierno”, pues esta administración cerrará con alrededor de 60 mil millones de pesos en gasto de publicidad oficial.
Como se pone en evidencia, no es un descuido. Simplemente no le interesa la protección y la lucha contra la impunidad en la violencia contra la prensa, ni al presidente, ni al secretario de Gobernación ni al subsecretario de Derechos Humanos ni a los gobernadores. Y no les interesa porque la zozobra –y la censura– de la prensa es funcional a los grupos de poder político.
A la andanada de fracasos de este gobierno, resultado de la indiferencia y la indolencia ante el sufrimiento de los otros, habremos de sumar que los factores de censura –tanto sutil como extrema– se profundizaron. Así no hay posibilidad de construir democracia.
Texto: Leopoldo Maldonado
Fotos: Cortesía
