El proyecto estrella del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue frenado por el Poder Judicial de la Federación tras emitir la suspensión provisional de la ejecución del Tren Maya, luego de una solicitud de amparo interpuesta por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
En conferencia de prensa aseguraron que la consulta que respalda la obra fue simulada y fraudulenta en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
El pasado 14 de enero la instancia antes mencionada emitió el resolutivo para que el propio mandatario federal, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, respondan a la demanda de la organización.
“Señalamos que los efectos de la consulta se detengan y se anulen por: la violentación a la libre determinación, información plena, trato de buena fe, en este caso se violentó ya que llegaron a la consulta y no se tenían los proyectos para subsanar problemas como el agua”, expuso Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del CRIPX.
Pasado el 14 de enero el Gobierno Federal tendría una semana para hacer las aclaraciones pertinentes; sin embargo, no ocurrió, lo que sistemáticamente viola la orden federal. “Si nosotros estamos aludiendo que hay violación el Gobierno Federal tiene que fijar una postura y esto forma parte del estado de derecho”.
Ante los representantes de los medios de información fue clara, la intención es frenar la ejecución del proyecto ya que hubo irregularidades de forma y fondo al no cumplirse con las normas.
“No estamos diciéndole que es una decisión políticamente incorrecta, sino que estamos hablando de un derecho. Si dices que el estado amerita que se meta el tren y te pasas por encima de los derechos, mañana se pasan por encima de los derechos de los demás”, expuso.
“Si ahorita aceptamos este tipo de tratos para personas que no tienen voz, que no se les escucha, después van a venir por nosotros y nos van a decir, como lo ha dicho el presidente ‘por qué antes no lo dijiste y ahora sí’, pero eso ahora sí lo decimos y lo volvemos a remarcar; esta violación de derecho es de fondo y tiene implicaciones a largo plazo”, subrayó.
Las otras quejas
En su momento Luis Arturo Carrillo, integrante de Biopacal, señaló que para realizar una consulta ciudadana se requieren algunas especificaciones internacionales, las cuales, al parecer, no se cumplieron.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que las consultas deben de ser previas, libres, de buena fe, adecuadas culturalmente e informadas, proceso que no se realiza en una tarde, recordó.
Otro de los focos rojos que demuestran ilegalidad es que la acción debió ser vigilada por una organización externa y ejecutada por una figura ajena al Gobierno Federal. En este caso, Fonatur es juez y parte.
Cabe recordar que, en su momento, organizaciones mayas enfrentaron al presidente López Obrador para exigir la suspensión del “proyecto colonizador”. Aseguraron que la obra es un modelo de turismo depredador que banaliza y mercantiliza la dignidad indígena.
No hay notificación formal sobre suspensión provisional: Jiménez Pons
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha sido notificado aún de la suspensión provisional del Tren Maya concedida a comunidades de Calakmul por el Juzgado Primero de Campeche.
En declaraciones a un medio nacional, el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, dijo no tener conocimiento todavía del recurso, ya que no ha sido notificado formalmente.
La solicitud de amparo hecha por las comunidades indígenas fue presentada el 6 de enero del 2020 y denuncia “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”, indica en rueda de prensa miembros del CRIPX.
Asimismo señalan como autoridades responsables al presidente de la República, al director del Fonatur, a la secretaria de Gobernación y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.
Texto: Jesús Gómez
Fotos: Cortesía
