Las asociaciones solicitarán al Tribunal de Roma que determine el daño y la violación de sus derechos humanos a la vida, a la salud y a una vida familiar
Las organizaciones ecologistas Greenpeace Italia y ReCommon, junto a doce ciudadanos italianos, llevaron ante la Justicia al coloso italiano de los hidrocarburos ENI por su presunta responsabilidad en daños ambientales, en la primera acción judicial de este tipo en Italia.
Las asociaciones ecologistas solicitarán al Tribunal de Roma “que determine el daño y la violación de sus derechos humanos a la vida, a la salud y a una vida familiar” provocados por la energética, anunciaron este martes en una rueda de prensa en la capital italiana.
Su objetivo es que, por un lado, se puedan “evaluar los daños ambientales y climáticos a los que ha contribuido ENI en las últimas décadas” y, por otro, “impulsar a la compañía a adoptar una nueva estrategia industrial en línea con los objetivos climáticos establecidos a nivel europeo”.
Según Greenpeace y ReCommon, la gestión de ENI en los últimos años supondría una “abierta violación del Acuerdo de París, también ratificado por Italia, que compromete a los países a reducir las emisiones en al menos un 55 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 1990”.
La demanda judicial también acusa al Ministerio italiano de Economía y Finanzas y al banco público Cassa Depositi e Prestiti (CDP) como “accionistas que ejercen una influencia dominante sobre la empresa”, dado el control que tienen sobre ENI.
Las dos asociaciones argumentan que “la actual estrategia de descarbonización de ENI viola claramente los compromisos asumidos internacionalmente por el Gobierno italiano y por la propia empresa” y consideran “inaceptable” que el grupo tuviera ganancias adicionales récord en 2022 en medio de la crisis energética.
Este es la primera acción judicial en Italia en la que un grupo de ciudadanos o asociaciones demanda a una empresa de derecho privado.
Las demandantes citan como ejemplo el proceso iniciado en Holanda contra Shell por parte de Amigos de la Tierra, Greenpeace y más de 17 mil ciudadanos, y que en mayo de 2021 concluyó con una sentencia en primera instancia en la que se determinó que la petrolera tenía la obligación de contener la contaminación generada por sus actividades.
En reacción a la demanda, ENI afirmó que “demostrará en el Tribunal la falta de fundamento de la acción tomada y, en la medida necesaria, la corrección de sus acciones y su estrategia de transformación y descarbonización, que reúne y equilibra los objetivos esenciales de sostenibilidad, seguridad energética y competitividad del país”.
La empresa indicó en una nota que “se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas para proteger su reputación con respecto a las reiteradas acciones difamatorias emprendidas por ReCommon”.
Texto y foto: EFE
