Anoche rindió protesta como nueva presidenta del Comité Directivo 2024 – 2026 del Capítulo Yucatán de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., Lucelly Carballo Solís, quien en su intervención subrayó que la administración de justicia es una tarea delicada que debe recaer en manos de profesionales con la preparación y capacidad suficientes, con independencia imparcialidad y objetividad.
“Como asociación, hoy tenemos la responsabilidad de enfrentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial, por lo que no podemos pasar por alto el papel que debemos de asumir al dejar argumentos sólidos y pertinentes que fortalezcan a nuestras instituciones y construir una sociedad, y aspire a vivir en forma armónica y ordenada, que luche por la preservación de un estado constitucional de derecho”, subrayó.
En el evento, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Uady, este tema fue retomado por el presidente Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C,. Víctor Olea Peláez, quien en entrevista posterior reiteró que estamos atravesando por un momento crucial para la vida democrática de México y para la administración de justicia, ya que la mencionada iniciativa de reforma pretende extraer a todos los jueces y magistrados para sustituirlos a jueces por votación popular, lo que representa un desquebrajamiento absoluto del Poder Judicial de la Federación.
“Con esta lamentable e inconveniente iniciativa de reforma, no solo se afectan las estructuras jurisdiccionales sino también en sí mismo el futuro de la profesión legal, ya que al no estar sustentada y debidamente estructurada una carrera judicial, corremos el riesgo de que todos los asuntos a futuro no se resolverán conforme a derecho sino conforme a intereses políticos y económicos, y eso nos afecta a todos”, recalcó.
En este sentido, recalcó que con esta iniciativa no solo se terminará un empleo, sino una carrera judicial, ya que hay magistrados, jueces y ministros con más de 30 años de trayectoria, y que iniciaron desde mecanógrafos, actuarios y secretarios que han ido aprendiendo poco a poco en esta compleja labor jurisdiccional, por lo que consideró que desperdiciar esos grandes activos del poder judicial de la Federación es un despropósito, por no decir una tontería.
Al respecto, la magistrada Mayra González Solís comentó que lo que no se quiere es que la justicia se politice y que intervengan en la designación de jueces y magistrados futuros intereses ajenos al derecho.
“Siempre hay grupos de poder que intervienen en una elección a voto popular, lo hemos visto en las elecciones comunes y corrientes, a veces es inevitable el observar cómo intervienen los distintos factores del poder que hay en el país, entonces creemos que es un riesgo muy grande”, indicó la magistrada, quien comentó que hay que voltear a ver la experiencia de Bolivia que no ha sido buen referente ya que no ha funcionado.
“Estamos hablando de un país pequeño, ahora imaginemos lo que sucederá en México, que es un país de 130 millones, no nos gustaría experimentar, creemos que México merece más que un experimento”, dijo.
La magistrada comentó que sí se requiere una reforma al poder judicial, pero que debe de ser discutida con más tiempo, ya que es un tema trascendente.
“No quisiéramos que esta narrativa se enfoque específicamente en los derechos laborales, sino en el estado de constitucional del derecho, en la división de poderes, en el derecho que tienen las personas a ser juzgadas por tribunales independientes, esa es la narrativa que nosotros quisiéramos que la gente conozca”, puntualizó.
Texto y foto: Manuel Pool