El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) deberá instalar la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales antes del Proceso Electoral 2027.
En una sesión del Iepac, se leyó parte de la sentencia (DC-059/2025) que fue emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, por ello, tendrá que solicitar un presupuesto para este apartado y tener un espacio físico de la Defensoría Pública, es decir, para brindar asesorías y atender a las personas promoventes de un juicio.
“Esto será para garantizar la protección de los derechos políticos de grupos vulnerables y en situación de desventaja histórica en pleno de sus derechos de la sociedad yucateca”, dijo el presidente consejero del Iepac, Moisés Bates Aguilar.
Para esto, ahora el Iepac deberá formular una propuesta económica para agregarla en su presupuesto del próximo año, que deberá ser aprobado por el Congreso de Yucatán.
Además, el instituto, para establecer la oficina de la Defensoría, podría establecer acuerdos con universidades o expertos en la materia para conformarla: “a efecto de poder atender a promoventes la necesidad de asistencia legal porque no ha habido una solicitud formal en juicio de derechos políticos y electorales”.
Desde un inicio, el Iepac tiene la obligación de colocar parte de su personal que cuente con la experiencia y conocimientos, con el fin de atender de manera profesional y legal a las personas.
Texto y foto: Alejandro Ruvalcaba
