Un año después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, las familias piden avances y concreción después de que aquel documento declarase que fue “un crimen de Estado” y diese por fallecidos a los jóvenes.
El informe lo presentó el 18 de agosto de 2022 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también preside la Covaj, en un evento en el que estaban presentes las más altas autoridades del Estado, los padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero en entrevista con EFE, Carlos Beristáin, uno de los miembros del GIEI, consideró inapropiada la manera de presentar el reporte, pues convocaron a los familiares sin que antes las autoridades se reuniesen con ellos en privado para darles los detalles del contenido del documento.
En su momento -y también en la actualidad-, tanto los familiares como los expertos independientes y organizaciones sociales reconocieron que el documento implicaba avances, como aceptar que el ataque y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sur del país, es un crimen de Estado. También, que se reconociera la participación de los distintos niveles de las fuerzas del Estado en los hechos y que se rompiera de manera contundente con la llamada “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Por otra parte, el documento de la Covaj incluía información que, más tarde, tras un peritaje externo solicitado por el GIEI, fue dada por falsa, al contener al menos 181 inconsistencias.
En octubre de 2022 el GIEI determinó que no era posible “garantizar la originalidad de los mensajes” de presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.
“En un caso en el que se han dicho tantas cosas a medias y nos han vendido tanto en el pasado, cualquier cosa que se haga tiene que ser fuertemente consistente para generar certeza y no generar más incertidumbre”, consideró Beristáin.
Un día después de la presentación del informe, la Fiscalía General de la República (FGR) liberó 83 órdenes de detención a militares, pero al menos 21 de se cancelaron, algo que las familias no comprendieron.
Todo esto llevó a una crisis dentro de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, y a la salida de quien había sido hasta entonces el fiscal especializado, Omar Gómez Trejo.
“Queda un nuevo escenario en el que el nuevo fiscal (Rosendo Gómez Piedra) no conoce el caso”, explicó Beristáin, quien detalló que el propio fiscal reconoció la necesidad de “tiempo” para adentrarse en el asunto. Recientemente se reactivaron 16 órdenes de detención. Con un panorama complejo para los familiares de los estudiantes por un informe precipitado, además de la crisis en la fiscalía especializada, se sumó el anuncio del GIEI de que dejaría el país ante la imposibilidad de continuar con sus investigaciones.
El GIEI presentó el pasado 25 de julio su último informe sobre el caso, en el que se acredita la participación del Ejército y de la Marina, a quienes ubicaron en los diferentes escenarios en un mapa de localización de comunicaciones.
También probaron la existencia de mecanismos de vigilancia a los estudiantes normalistas.
LA GRAN INCÓGNITA: ¿DÓNDE ESTÁN?
Para el GIEI, la gran incógnita sigue siendo el paradero de los estudiantes. También para los padres es su mayor anhelo, por lo que pidieron públicamente que el próximo informe de la Covaj vaya en línea por lo investigado y establecido por el GIEI.
“Los padres y madres seguimos con esa frustración de no saber el paradero de nuestros hijos. El informe del GIEI demuestra que los militares tuvieron participación, tienen documentación que han ocultado. Nosotros exigimos que se entregue para saber que pasó”, dijo en entrevista Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa.
Texto y foto: Efe
