Ángel Rodríguez Aquino
El 31 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador emitió un decreto que prohíbe la comercialización y circulación de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como de los insumos necesarios para su utilización.
Esta medida se justificó bajo el mandato constitucional de la protección a la salud, además de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) referentes a la prohibición de estos dispositivos.
El problema es que con la prohibición, el gobierno mexicano está haciendo más daño que beneficio. Estas políticas prohibicionistas, más que regulatorias, tienen como fin desincentivar el consumo de tabaco por parte de la población. Pero como cualquier consumo de sustancias, la prohibición genera mercados negros con productos de calidad dudosa, pues la demanda continuará a pesar de que existan estudios de expertos que afirmen consecuencias nocivas para la salud.
De acuerdo con datos de la Ocde de 2022, México era el país que menor prevalencia del consumo de tabaco tenía comparado con otros países de la organización, con cerca del siete por ciento de la población consumiendo diariamente.
El gobierno mexicano ha emprendido, desde la adhesión al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en 2003, una serie de medidas legislativas y de política pública para desincentivar el consumo de tabaco, sin éxito.
En el reporte “Libertad para elegir. Reduciendo el daño asociado al tabaquismo en México”, elaborado por Caminos de la Libertad, la Sociedad Tomás de Mercado y la Tholos Foundation, (consultable en https://libertadparaelegir.com.mx/) se presentan datos obtenidos de información oficial, donde es evidente que las políticas antitabaco poco han modificado el consumo general. Las medidas de prohibición para el consumo en menores han dado resultados importantes, disminuyendo prácticamente a la mitad el número total de fumadores en edades entre los 10 y los 19 años, lo que equivale pasar de dos millones a un millón de consumidores en 20 años. Sin embargo, en el mismo periodo el número total de fumadores en México ha aumentado de 14.3 millones a 17.3 millones.
Podemos afirmar que en México existe demanda de consumo de tabaco, que se ha incrementado en los últimos veinte años a pesar de los intentos de las autoridades por prohibir o desincentivar dicho consumo. No se niegan los efectos del consumo de tabaco en la salud de los consumidores, pero el mercado ha propuesto innovaciones para reducir el daño. La alternativa más importante hasta hoy, de acuerdo con el reporte antes mencionado, son los dispositivos conocidos como vapeadores, que en contextos regulados y permitidos (como Reino Unido, Chile o Costa Rica) han demostrado aportar a la reducción del consumo de tabaco quemado entre la población, e incluso, que la tecnología utilizada puede ser empleada en otro tipo de aplicaciones, como suministrar medicamentos.
Lamentablemente, el gobierno mexicano se ha opuesto a la innovación mediante el decreto de mayo de 2022, siguiendo las políticas de la OMS. La prohibición tiene costos sociales que el gobierno no considera. Para combatir el tabaquismo es necesario poner atención en la innovación y las respuestas del mercado, y permitir que los consumidores decidan la mejor alternativa para su caso.
