Por: Gínder Peraza Kumán
El nombre de un funcionario de mediano nivel en la administración estatal salió a relucir en las indagaciones hechas por Punto Medio en torno al caso del presunto fraude e intento de despojo de terrenos junto a la playa en el puerto de Dzilam de Bravo, caso del cual informamos a nuestros lectores por primera vez el pasado viernes 23, tanto en la versión impresa de este periódico, como en su sitio en internet (puntomedio.mx). Ver nota: https://www.puntomedio.mx/fraude-y-despojo-con-terrenos-costeros/
Según las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, el “licenciado” (así se presenta) Mario Peraza Ramírez es quien ha estado urgiendo al Ayuntamiento de ese puerto para que agilice el trámite del pago del impuesto predial de los terrenos que la anterior administración municipal, encabezada por Pedro Castillo Reyes adjudicó “a título de gratuidad” a la empresa Uredi.
(Ahora nos han llegado versiones, que todavía estamos tratando de consolidar, de que suman más de 50 los lotes que Castillo Reyes entregó no sólo a Uredi, sino a otras tres empresas. También han surgido informes sobre falsificación de firmas.)
De acuerdo con información disponible en internet, en una nota fechada el 17 de noviembre de 2013 Peraza Ramírez aparece como jefe oficial de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, y más recientemente, el 25 de junio de 2016, el periódico local Milenio Novedades lo consignó como nuevo “gerente de Recaudación de Cartera de la Japay, en sustitución de Clara Cervera Téllez, quien ahora es directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno”. La publicación agrega que Peraza Ramírez fungía como director del Catastro estatal, un puesto desde el cual, desde luego, tendría acceso a información privilegiada sobre cualquier terreno en el estado.
No sería su primer fraude
También cabe apuntar que el periódico Por Esto!, en una nota fechada el 19 de agosto de 2014, y titulada “Ponen al descubierto fraude”, informa que “Campesinos y comisarios descubrieron el timo que pretende la asociación civil ‘Unidos por Cansahcab’, la cual opera en esta ciudad (Motul) y encabeza Mario Peraza Ramírez, con falsa oferta de casas de Sedatu”.
En su nota ese periódico apunta, entre otras cosas, que mediante esa asociación Peraza, quien por cierto es oriundo precisamente de Motul, “está ofreciendo acciones de vivienda a nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo que este martes fue desmentido en las oficinas de la delegación de la citada dependencia en la ciudad de Mérida”.
En la misma información se menciona a Julio Balam Escamilla y Xavier Canché Mérida como “operadores” de Mario Peraza.
Peraza Ramírez también ha tenido intensa participación política, como se observa en una nota del sitio Yucatán a la Mano fechada el 4 de enero de 2015 en la que se informa que, “tras la designación de Ave María Falla Gómez, como candidata del PRI a la alcaldía de la ciudad (de Motul), se generó inconformidad entre la base priista. Aspirantes como Mario Peraza Ramírez tratan de calmar los ánimos en reuniones programadas como la que se efectuó anteanoche. El ex aspirante priista pidió lealtad a su partido, señaló que permanecer en el PRI será de beneficio. ‘De esa forma seguiré apoyándolos con los programas que tiene el gobierno del estado’”.
El modus operandi
De acuerdo con los documentos que tiene en su poder este periódico, los intentos de despojo de los terrenos costeros de los que les informamos por primera vez el pasado viernes 23 se están realizando de la siguiente manera:
PASO UNO: El presidente municipal y el secretario de la comuna, Pedro Jesús Castillo Reyes y Martín Eric López Paredes, respectivamente, se presentan ante un escribano público para ceder gratuitamente a la empresa Uredi (ya se habla de que hay otras empresas involucradas), representada en todos los casos por su apoderado Julio Ricardo Presuel Moreno, terrenos que forman parte del fundo legal del municipio, y que por eso mismo, por ser del fundo, puede ser adjudicados por el gobierno municipal.
Según los documentos avalados por el escribano, Castillo Reyes y López Paredes solamente cumplen con un acuerdo del cabildo, cuyos integrantes habría aceptado en una asamblea la cesión a dicha empresa. El problema, cómo ha surgido en las investigaciones, es que no existen actas que avalen esas supuestas aprobaciones en junta de cabildo, además de que los lotes tienen todos antiguos posesionarios y por ello no pueden ser adjudicados sin problema.
PASO DOS: El escribano acepta (de buena fe o por complicidad, no está claro) el presunto acuerdo que le reportan, y por una parte avala la cesión que el ayuntamiento hace de un lote (que tiene antiguo posesionario, pero eso no se consigna) a la empresa Uredi, y por otra formaliza la venta que Uredi hace del terreno a uno o varios particulares.
El escribano expide una escritura pública, en la cual, por cierto, los límites o linderos de cada lote entregado a Uredi se simplifican y se omite citar a los posesionarios de los terrenos colindantes. Es decir, se pone que al Norte el límite es el mar, al sur la carretera Dzilam de Bravo-Santa Clara, y al poniente y al oriente “terrenos no registrados y terrenos del fundo legal”, a pesar de que en todos los casos existen posesionarios –conocidos por todas o muchas de las familias del puerto– que llevan incluso décadas en posesión de los respectivos lotes colindantes.
PASO TRES: Con los documentos ya creados por el escribano, los solicitantes de los trámites se trasladan a Mérida para registrar sus “papeles” ante un notario público, que da fe de lo que le entregan y manifiestan sin mayor investigación, legalizando lo que avaló el escribano, con quien generalmente el notario lleva trabajando muchos años y ambos se conocen perfectamente.
PASO CUATRO: Con todos los documentos “creados” los involucrados en el negocio acuden al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (que es una de las tres direcciones que integran el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, Insejupy) para registrar la operación de compraventa, en la cual ya sólo aparecen Uredi y su cliente, sin necesidad de que se mencione al ayuntamiento que cedió inicialmente el terreno. En esa dependencia no hay mayor averiguación acerca de los orígenes de la propiedad, y se confía totalmente en los documentos generados por el escribano y el notario.
PASO CINCO: Con todo ese cúmulo de documentos viciados de origen, los nuevos dueños de los terrenos o sus abogados se presentan ante el Ayuntamiento de Dzilam de Bravo para pagar los impuestos prediales respectivos, en un trámite que pone la cereza del pastel en estos intentos de simulación y engaño con trámites amañados. El Ayuntamiento, por cierto, cobra el impuesto sin mayor averiguación.
Nombres en los documentos
Además de los ya citados, en los documentos de los que consiguió copia este periódico aparecen los nombres de Jorge Alberto Alamilla Castro, titular de la Escribanía Número Uno del municipio de Cenotillo, y Alberth Yadir de Jesús Córdova López, titular de la Escribanía Número Uno del municipio de Umán.
También aparece en la mayoría de los documentos de los que conseguimos copia el licenciado en derecho Alejandro William Esquivel, titular de la Notaría Número 39 con residencia en Mérida, y en una escritura, la que corresponde el terreno que era de Xóchitl Mota Careaga, se aprecia el sello del notario público número 15 con sede en Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez.
Por cierto, en esa escritura aparecen como parte vendedora “la sociedad Uredi Sociedad Anónima de Capital Variable” (sic) y como compradores los señores Benigno Villarreal del Río, Gerardo Pandal Rodríguez y José Antonio Aguilar Bueno, todos con domicilio en el Distrito Federal. Cabe apuntar que el primero es dueño o accionista mayoritario de la empresa de generación de electricidad por medios eólicos que se está instalando en terrenos de los municipios de Dzilam de Bravo y Dzilam González.
Otros compradores que se citan en los documentos, y quienes aparentemente también habrían sido engañados por Uredi y sus cómplices, son Julio César López y Carina Guadalupe, Cristina Guadalupe y Mitzi Karen López Roldán, así como Mirna Arellano Zárate.
– Gínder Peraza Kumán
