Otorga tres meses más de plazo a la defensa, que había pedido un aplazamiento para la etapa final del juicio
El juez del caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Nueva York el pasado febrero, otorgó tres meses más de plazo a la defensa, que había pedido un aplazamiento para estudiar si pide una repetición del juicio tras recabar nueva pruebas.
En un breve escrito, el magistrado Brian Cogan aplazó la fecha tope de la defensa para que entregue una eventual moción al próximo 7 de julio.
De esta manera, la Fiscalía tendrá hasta el 4 de agosto para responder a la defensa y la sentencia, cuya lectura estaba prevista para el 27 de junio, tendrá lugar ahora el 27 de septiembre.
Desde el veredicto, varias personas, entre ellas antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33 (para pedir la celebración de un nuevo juicio)”, aseguró el abogado de García Luna, César de Castro, en un escrito dirigido al juez.
El abogado de García Luna, César de Castro había asegurado que necesitaba tiempo extra para “continuar desarrollando las pruebas en apoyo de una potencial moción de acuerdo con la mencionada norma 33, que estipula que el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.
El pasado 21 de febrero, un jurado declaró culpable a García Luna de cuatro cargos de narcotráfico más un quinto de mentir a las autoridades.
El jurado lo declaró culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.
Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.
García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Desde 2012 vivía en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.
El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.), ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.
POLICÍAS Y MILITARES
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador marcó el regreso a una política de contención inspirada del Programa Frontera Sur, estrategia diseñada por la Secretaría de Marina e implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, una de las primeras medidas de Ebrard consistió en reclutar, en la Cancillería, a Seguismundo Doguin Garay, coordinador de las delegaciones del INM durante la gestión de Peña Nieto.
Con amplio historial en el inframundo de la seguridad –durante 30 años fue coordinador de seguridad regional en la Policía Federal de Caminos, y en el sexenio de Felipe Calderón trabajó en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República–, Doguin sigue fungiendo como “enlace en temas migratorios” en Relaciones Exteriores.
Garduño, por su parte, nombró al hijo del nuevo colaborador de Ebrard, Segismundo Doguin Martínez, al frente de la “Oficina de Representación” –el nuevo nombre de las delegaciones– del INM en Tamaulipas, cargo que ya había ocupado en el sexenio de Peña Nieto.
Garduño había llegado al INM para imponer un cambio radical respecto de su antecesor, el académico Tonatiuh Guillén López, a quien López Obrador había encargado una “nueva política migratoria”, basada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, bajo la presión de Trump, y siguiendo los acuerdos que Ebrard pactó en Washington, el mandatario volvió a la política de contención migratoria con tintes militares y con un INM controlado por agentes de seguridad, como en el sexenio de Peña Nieto, durante el cual la dependencia fue dirigida por Ardelio Vargas Fosado y, en sus últimos meses, por Gerardo Elías García Benavente, ambos exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En contraste con la carrera académica Guillén, Garduño venía del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (Oadprs), a cargo de las cárceles federales; su perfil combinaba una amplia carrera en el ámbito de la seguridad –desde el sexenio de Luis Echeverría– y una larga lealtad al presidente, pues colaboró en su administración capitalina, es miembro fundador de Morena y suplente del diputado tabasqueño Rodolfo Lara Lagunas.
Texto y foto: Agencias
