Salvador Castell-González
En esta era de la inclusión, la igualdad, la paridad y tantos otros términos que parecen nuevos, hay un frenesí de programas y políticas públicas y empresariales de buena fe, o al menos eso es lo que nos proyectan.
A mi parecer, existe un serio problema al atender esto que llamamos inclusión, la reducción de las desigualdades y la accesibilidad universal. Está claro que debemos hacer programas “especiales” para atender temas particulares, pero ese programa particular no debe ser la campaña de inclusión. Debemos establecer políticas públicas profundas, que establezca de forma orgánica desde las instituciones y de la sociedad, que se atienda a todos por igual, desde su concepción, no los llamados ajustes razonables que en ocasiones suena a placebo.
La transición es difícil, por supuesto que es difícil, es un cambio profundo de como nos enseñaron a concebir la inclusión, como un trámite casi humanitario de atención de a quienes decidieron catalogar como menos, como vulnerables, como incapaces para desarrollarse solos.
Por poner un ejemplo, la discapacidad social se define como “la incapacidad de la sociedad para proveer igualdad de oportunidades”, a mi parecer no hay mejor definición que esta, por que refleja nuestra falta de capacidad, nuestra falta de interés y la poca acción que en general hemos realizado y que nos escudamos bajo el pretexto de que así no se planeó, que hoy las cosas son distintas; pues es momento entonces de hacer las cosas distintas, que la inclusión sea la herramienta para una sociedad justa, solidaria y sustentable, la sociedad que necesita nuestro vapuleado planeta.
En la educación para la sustentabilidad, la inclusión es parte de su médula conceptual y de acción, el acceso universal a los servicios distribuidos de manera equitativa, justa es la fórmula básica para la sostenibilidad. Es por eso que una sociedad inclusiva es base fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030.
Quiero cerrar este texto con el concepto de “inclusión discriminativa”, que son las acciones realizadas para atender a la “inclusión”, pero que en su concepción son discriminatorias con otros grupos sociales que pueden o no estar en situación de vulnerabilidad. Todas las personas tienen aptitudes, actitudes y capacidades diferentes, todos somos menos a los ojos de un superdotado en esa cualidad, entonces porqué o qué nos da la autoridad moral para designar que un grupo social o de personas tienen menor valía. Debemos comenzar a observar las características positivas de las personas para establecer políticas públicas y programas que agrupen a las personas por sus aptitudes, actitudes y capacidades, no por lo que hemos catalogado malo.
Es este un llamado para que todos estemos pendientes de los programas y políticas que nos presentan como inclusivas y sostenibles, debemos ser esa generación que se hartó de las simulaciones y busca un futuro para todos. El futuro que queremos.
