La independencia judicial debe ser defendida en todos los niveles, afirma la presidenta del Poder Judicial de Yucatán, María Canto Valdés; destacan acciones de renovación y el proyecto de Justicia Digital
“La justicia no debe ser un lujo, sino un derecho fundamental accesible para todos”, dijo la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés, al presentar ayer el tercer informe anual de actividades de esa soberanía correspondiente al ejercicio 2023.
En el informe, que tuvo lugar en el Centro de Instituciones Operadoras del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio (Ciospoa), recalcó que la independencia del Poder Judicial y de las personas juzgadoras, junto con una política de justicia abierta y una mayor vinculación con la sociedad, son pilares fundamentales que se deben robustecer y promover todos los días.
“La esencia misma de la justicia radica en su imparcialidad, en la capacidad de los jueces y magistrados para tomar decisiones basadas únicamente en la ley de los hechos, sin influencias externas”, manifestó. En este sentido dijo que la independencia judicial debe ser defendida en todos los niveles y que los jueces y magistrados estén protegidos contra cualquier tipo de presión política, económica o social.
Cabe destacar que mientras se presentaba el informe, hasta los accesos del recinto llegaron trabajadores del Poder Judicial Federal en Yucatán, quienes se manifestaron contra la reforma en la materia, cuyo dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En el informe, Canto Valdés también señaló que la modernización, el mantenimiento y la innovación en la infraestructura judicial son esenciales para garantizar un sistema efectivo eficiente y accesible que satisfaga las demandas y expectativas de la sociedad moderna.
En términos de infraestructura, destacó la modernización de 27 salas de juicios orales, equipádas con tecnología avanzada en audio, video y telemática, y mejorando las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Actualmente, estan en proceso de modernización otras 9 salas.
“Se cuenta con instalaciones administrativas, recintos judiciales, tecnología y procedimientos que aseguran la operatividad cotidiana de todos los órganos y dependencias del poder judicial del estado”, afirmó la magistrada presidenta, ante la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, quien acudió con la representación del mandatario Mauricio Vila Dosal.
Para ello se trabaja con el objetivo es desarrollar una infraestructura judicial moderna que facilite procesos más eficientes y transparentes, que reduzca costos operativos, optimice recursos financieros y prevenga problemas asociados con la obsolescencia tecnológica y la infraestructura deteriorada.
“Por lo tanto, en el plan estratégico es clave el proyecto de Justicia Digital para implementar sistemas informáticos avanzados en la alternativa de digitalización de documentos, automatización de procesos y herramientas de gestión de casos, lo que permitirá reducir tiempos de espera en los procedimientos judiciales y mejorar la eficiencia general del sistema de justicia al reducir la carga de trabajo y minimizar los errores humanos”, explicó.
Como ejemplo de este interés por la mejora continua en beneficio de los justiciables, la magistrada presidenta adelantó que se trabaja en una plataforma digital en la que se podrá obtener de manera inmediata a información relevante de los casos, lo que ahorrará a los interesados tiempo y recursos a la vez que se fomentará la transparencia y confianza en el sistema judicial.
“Pero toda esta tecnología solo será efectiva si nuestro personal está debidamente capacitado, por eso es una prioridad la formación continua de jueces, magistrados y todo el personal, pero además se requiere para modernizar al poder judicial de una sólida cooperación interinstitucional así es que se requiere trabajar en conjunto con otras instituciones públicas, sociedad civil y el foro académico para diseñar políticas públicas que promuevan una justicia más inclusiva y accesible”, agregó.
En este sentido comentó que en Yucatán se capacita continuamente a los servidores judiciales para proteger los derechos humanos, especialmente de las personas vulnerables, por lo que el año pasado el personal del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado participó en un programa educativo especializado en lengua maya, y también participaron en mesas de trabajo con otras instituciones públicas para compartir experiencias sobre justicia terapéutica, enfocándose en etapas críticas del proceso de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes
Además, con la colaboración del Capítulo Yucatán de la Internacional Chamber of Commerce (ICC), se llevó a cabo el curso “Asistencia de la Judicatura en el Arbitraje Judicial”, dotando a jueces de una perspectiva más amplia sobre este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, esencial para la ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales.
Por último, en materia de capacitación, se impartió el Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que equipó a los participantes con conocimientos y habilidades prácticas en mediación y conciliación, fortaleciendo la capacidad para facilitar procesos de resolución de conflictos de manera eficiente y humana.
Antes de presentar los resultados de la actividad jurisdiccional realizada en 2023, año en el que inició su gestión, Canto Valdez recordó que una de las primeras actividades realizadas fue integrar y presentar el plan de trabajo general del Tribunal Superior de Justicia, así como el Plan Estratégico Institucional del Consejo de la Judicatura, para lo cual se efectuó un diagnóstico exhaustivo respecto a la situación actual del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
“Para identificar retos, oportunidades y proponer estrategias, los días 23 y 24 de octubre, se organizaron cuatro mesas de trabajo en las que participaron representantes de diversas instituciones incluyendo dependencias del poder ejecutivo, cámaras, colegios, universidades y organismos autónomos”, recordó.
También se aplicó en línea una encuesta de percepción general del Poder Judicial del Estado, la cual entre el 25 de octubre y el 15 de noviembre de 2023 obtuvo 3375 respuestas que se analizaron para identificar las tendencias y comprender los comentarios de la ciudadanía.
En cuanto al personal judicial, expresó que se les contrataron seguros de vida con mejores condiciones en las pólizas sin afectar el presupuesto institucional, además de que se han proporcionado estímulos académicos a las familias de los trabajadores.
Finalmente, dio a conocer que se renueva el parque vehicular para garantizar la seguridad del personal y mejorar la eficiencia en sus responsabilidades, a la vez que se les ha entregado uniformes y equipos de protección al personal de intendencia, mantenimiento y estafeta, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para desempeñar su trabajo de manera segura y efectiva.
Texto y fotos: Manuel Pool
