La invasión de viviendas en el fraccionamiento Piedra de Agua se ha vuelto una constante, y algunos propietarios han enfrentado graves consecuencias al ser desalojados de sus propios predios, ante lo que consideran la complicidad del Ayuntamiento de Umán, encabezado por la alcaldesa Kenia Walldina Sauri Maradiaga, por negarles apoyo en un primer momento.
Cuando ocurre alguna irregularidad en la comunidad, los habitantes acuden primero al Ayuntamiento para solicitar ayuda inmediata. Sin embargo, la respuesta suele ser negativa y son enviados directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia e iniciar el proceso legal para recuperar sus viviendas.
Vecinos de las calles 42 y 37, en los límites con la colonia Itzincab, relataron que una casa ubicada en ese cruce era habitada por un matrimonio al que conocían como don Gonzalo y Mónica. La pareja dejó la vivienda cerrada temporalmente debido a un traslado laboral a Cancún, Quintana Roo.
No obstante, un mes después, los vecinos notaron que dos hombres ya vivían en la casa. Al principio creyeron que los propietarios habían rentado el inmueble, pero cinco meses más tarde, cuando el matrimonio regresó, descubrieron que su propiedad había sido invadida. “Primero llamaron a la policía, y llegaron dos policías municipales, quienes les dijeron a la pareja que no podían hacer nada y que fueran a la Fiscalía a denunciar. Incluso, ese día fueron al Ayuntamiento y también les negaron la ayuda en ese momento”, explicó Carlos, vecino de la zona.
Semanas después los invasores continuaban en el lugar y los propietarios decidieron proceder legalmente. “No fue hasta que vinieron como dos veces los de la PEI (Policía Estatal Investigadora) y hablaron con ellos. Vimos que mostraron papeles, pero después de eso se fueron y la casa ni la cerraron; se fueron, pero hasta que vinieron los de la PEI”, dijeron.
Los residentes aseguraron que este no es un caso aislado, ya que han sabido de otras viviendas invadidas cuyos propietarios, además de perder temporalmente su patrimonio, heredan deudas “millonarias” en servicios como agua y electricidad.
“Ponen el llamado diablito y así se la llevan, porque cuando pasa el empleado de la CFE le dan una lanita y como si nada. O si son de tarjeta, menos se dan cuenta, y cuando llega la multa es muy costosa y la CFE no perdona ni un peso”, añadió Carlos.
Otros vecinos señalaron que la alcaldesa Kenia Walldina, durante su campaña, prometió mejorar los servicios públicos y las condiciones generales del fraccionamiento; sin embargo, aseguraron que estos continúan siendo deficientes.
Texto y foto: Alejandro Ruvalcaba
