La crisis de libertad de expresión en México

”Es muy fácil matar periodistas”

Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.

Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental. “Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno”, cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras mira fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. “No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos”.

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.

Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra la prensa en todo el mundo. Siete periodistas fueron baleados en todo el país en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.

Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de carteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían. De acuerdo con los datos del gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los carteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso del gobierno para hallar a los responsables. Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas.

No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas en los últimos seis años, solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión. “No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan”, comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del gobierno. “Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo”.

El gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.

“Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión”, indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, y señaló que “este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos”.

Añadió que todos los ataques contra los medios son investigados a fondo y que se toman medidas exhaustivas para la protección de los periodistas, “un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer” la libertad de expresión “y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio”. Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.

The New York Times

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