Cientos de trabajadores del Poder Judicial, jueces y activistas marchan contra la reforma judicial
Pese a la advertencia de que les descontarán el sueldo, de continuar con el paro de labores en el Poder Judicial, los manifestantes reconocieron la posibilidad, pero, dijeron, es un riesgo que asumirán, “porque la democracia vale más que sus sueldos”.
Hace unos días, el Gobierno Federal lanzó la advertencia, que de acuerdo a uno de los manifestantes, el secretario del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Edgar Cimé Gómez, es una decisión del Consejo de la Judicatura y no del Gobierno Federal, porque son un poder independiente.
Los manifestantes reviraron que su objetivo es hablar con los legisladores ante la inminente reforma que busca el Gobierno Federal.
Ayer, cientos de trabajadores del citado Poder, jueces y hasta activistas de organizaciones civiles se sumaron a la marcha que salió del Remate del Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria.
Los manifestantes aseguraron que no permitirán que el último Poder pierda su autonomía debido a que el Legislativo hace lo que el Ejecutivo le indica.
Con esta reforma se busca reducir el número de magistrados, que los jueces sean electos de forma popular, con lo que desaparecería la carrera judicial. En promedio, los jueces tardan alrededor de 10 años en alcanzar este cargo y con el nuevo método hasta recién egresados de la carrera de Derecho podrían alcanzar el cargo, sin que tengan la experiencia necesaria.
Cimé Gómez estimó que en Yucatán diariamente por el paro se dejan de atender 3 mil casos, entre nuevas demandas y seguimientos de casos.
Reconoció que urge una reforma, pero, advirtió, no se dejen engañar, “la reforma que necesitamos no es la hoy llamada reforma judicial”. “Necesitamos recordar que cuando hablamos del sistema de justicia, hay dos grandes rubros: la procuración de justicia a cargo de las fiscalías y la impartición de justicia a cargo de muchos órganos”.
Expresó que cualquier persona que ha atravesado un problema legal de tipo penal, que ha sido víctima de un delito o que ha sido acusado de algún delito, se ha enfrentado a los problemas de la muy desgastada procuración de justicia de las fiscalías.
“En el mejor de los casos, han visto sus asuntos quedarse encajonados por años y no es que décadas. En los casos más trágicos, pienso yo, han acabado sus recursos y su dinero repartiendo dádivas para ver si las cosas avanzaban, sin obtener ningún resultado”, refirió.
Mencionó que cualquier persona que ha atravesado por un problema civil, familiar o laboral, ha tenido que lidiar con problemas similares, con juicios lentos, con trámites sofocantes, con tratos ásperos, con pasar dádivas para acelerar sus juicios.
Aclaró que esto no tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación, de hecho, tiene todo que ver con el Poder Ejecutivo Federal, con el Presidente de la República y con los gobernadores de los estados.
“Pero la verdad es que no vine aquí a echar culpas o a desviar la mirada del problema que enfrentamos hoy. Estoy convencido que los problemas que acabo de mencionar no derivan de la falta de voluntad de los servidores públicos que conforman las fiscalías y los poderes judiciales estatales”, dijo.
Añadió que el abandono presupuestario que no permite que tengan recursos humanos y materiales para ejercer su profesión con excelencia. Y por otro lado, indicó, la falta de una carrera judicial o de una carrera ministerial que filtre a los aspirantes a desempeñar esos cargos para permitir el paso solo de aquellos que se encuentren al nivel de la gran responsabilidad que se les encomienda.
“Una reforma pensada para resolver estos problemas y avanzar la procuración y la impartición de justicia en el país es urgente y necesaria”, dijo.
Texto y foto: Darwin Ail
