El informe de México Evalúa Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Méxicoreveló que el promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio fue de 87.3% en 2016; en Jalisco y Tlaxcala fue de 99.3% y 99.1%, respectivamente.
Bajo esta realidad, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales buscan reemplazar la Procuraduría General de la República (PGR) por una Fiscalía General que sea autónoma e independiente del Ejecutivo. ¿El objetivo? Combatir la impunidad y que se sancione e investigue adecuadamente.
El jueves 9 de agosto, el equipo de AMLO y los colectivos de #FiscalíaQueSirva acordaron reuniones dos veces por semana para discutir el modelo de Fiscalía General. Para Jacobo Dayán, este es uno de los grandes temas.
“¿Por qué en México no se ha investigado Odebrecht? Porque evidentemente la Fiscalía obedece a intereses políticos, están protegiéndose. En lugares como Veracruz, que se destapa, pero eso pueden pasar en cualquier lugar, las investigaciones no caminan en hechos de corrupción o hechos de violencia porque los aparatos de justicia están controlados por intereses públicos y privados, es decir, gobernadores, actores políticos y grupos criminales, separados o juntos dependiendo el lugar”, dice el académico.
Para Dayán es difícil que el nuevo gobierno pierda el control de ésta. “Podrán fortalecer la Fiscalía (general), pero no van a perder el control de las fiscalías. El control de las fiscalías es la madre de todas las batallas, porque por ahí atraviesa corrupción, violencia, por ahí atraviesa todo”.
“¿Por qué no se investigó la Casa Blanca de Peña Nieto? Porque los aparatos de justicia están controlados por la clase política. Y cuando tú te vas (a casos) de crimen organizado es lo mismo. ¿Por qué no se investigan a los altos capos? Porque hay vínculos ahí también”, concluye.
Texto: José Beltrán
Fotos: Agencias