Carlos Hornelas
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Después de todo, Elon Musk compró Twitter. Lo primero que dijo que haría era ampliar la libertad de expresión, para ello el multimillonario anunció una serie de medidas entre las que se encuentran restaurar algunas cuentas que habían sido canceladas o suspendidas en una suerte de “censura focalizada”, como se calificó por el magnate.
Así, ha devuelto la disponibilidad de su cuenta a Donald Trump, quien había sido suspendido por incitar a la violencia y la insurrección a través de sus mensajes en dicha plataforma.
El fin de semana pasado Elon Musk, apóstol de la libertad de expresión, habría suspendido la cuenta del rapero Ye, antes conocido como Kanye West quien había publicado declaraciones en la plataforma consideradas por muchos usuarios como antisemitas. No es la primera vez que ocurren las dos situaciones. Ya en el pasado Kanye West habría publicado contenido controversial relativo a este tema y además había sido suspendido de la plataforma por incitar el odio y la violencia.
A ver, esperen, Elon Musk que criticaba a Twitter por censurar a algunas personalidades y que compró la plataforma para que esto no ocurriera, le devuelve la cuenta a Trump y censura a Ye (Kanye West) por la misma razón: incitar a la violencia. Esto parece un proceder selectivo y focalizado. Finalmente, no es lo mismo observar lo que ocurre y opinar que estar en medio de la acción. Los toros, decían en el pasado, se ven mejor desde la barrera. A veces los más liberales terminan siendo los más autoritarios.
El INE, en ejercicio de sus facultades otorgadas por el artículo 41 constitucional y las leyes secundarias derivadas del mismo, ha pedido a Claudia Sheinbaum deslindarse de la propaganda personalizada que aparece en pintas de bardas en 17 distintos estados de la república, que la señala como presidenciable en el siguiente proceso electoral que, en términos formalmente legales, no ha comenzado.
Si Claudia se deslinda, como pide el INE, se libra de ser considerada como la responsable de las pintas y con ello, de una violación a la Constitución y a la ley electoral que prohíbe a los funcionarios en ejercicio hacer propaganda personalizada, por considerar que el origen de los recursos no estaría claro puesto que los partidos no habrían erogado ningún recurso para ello y porque el INE no lo habría proporcionado en virtud de que no hay candidato oficial registrado.
En segundo lugar, si esos recursos no fueron otorgados a través de las instancias oficiales correspondientes, y se diera el caso que la jefa de gobierno hubiera distraído recursos a su cargo para tal efecto, estaría violando no solamente el artículo 134 constitucional sino la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que impide el manejo discrecional de recursos para el apoyo de funcionarios en actos proselitistas. Como ocurría en el pasado cuando el PRI pasaba charola, o como el caso de “Amigos de Fox” o del célebre “Odebrecht”.
Como se ve, no se trata de un asunto de libertad de expresión, como acusa el presidente López Obrador, quien solito se ha puesto del lado de quienes de manera ilegal promueven estas conductas no solo inmorales o autoritarias, sino, además, ilegales. En ello se parece a Richard Nixon con respecto al escándalo de Watergate cuando, reconoció haber usado el aparato del Estado para espiar al partido de sus adversarios políticos. Al ser cuestionado sobre su proceder, emboscado, Nixon solo atinó a decir, “lo que quiero decir es que, cuando lo hace un presidente entonces ya no es ilegal”. Como si se erigiera en un superpoder por encima de la Constitución que juró proteger y hacer cumplir.
Si les interesa la libertad de expresión, una garantía para hacerla valer sería eliminar de una vez por todas los ominosos miércoles de “Quién es quién en las mentiras” o iniciar proceso a Layda Sansores por todas las revelaciones de la vida y obra privada de los adversarios políticos de la 4T, incluyendo a Monreal, aunque sea de la misma banda.
