Por Carlos Hornelas
El 11 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el recurso de reclamación promovido por la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para restablecer el monto de los salarios que se pagaban a algunos funcionarios en 2018, y que son superiores al del presidente.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovida por el titular del ejecutivo establecía como límite el monto salarial asignado al presidente, de 108 mil pesos mensuales por considerar que algunos sueldos de la llamada alta burocracia eran ofensivos ante la situación económica del país. Con todo, la SCJN no ha conseguido los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la norma a través del último proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayan. Con lo cual sus efectos solamente amparan a los reclamantes.
No obstante, López Obrador consideró dicha resolución una afrenta a su proyecto político y dirigió un mensaje reprochando la actuación de la SCJN a quien le recriminó tratar de enmendarle la plana e incluso, de querer legislar en la materia. En su video difundido ayer a través de internet, apareció con los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.
Llama la atención que se hiciera acompañar de sus aliados de otro Poder de la Federación, el legislativo, en el cual tiene mayoría y pareciera mostrar el músculo al Poder Judicial, del cual últimamente se ha quejado.
Este no es el único ni el más importante tema que llega a manos de la SCJN, en curso se encuentran la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, las estancias infantiles, la distribución de los medicamentos retrovirales, el suministro continuo de gasolina, la Refinería de Dos Bocas, y el Tren Maya, entre otros.
Algunos de estos temas se han ido resolviendo paulatinamente, como aquella resolución que falló a favor del Estado de México para que 44 estancias infantiles recibieran el recurso respectivo por parte de la Secretaría del Bienestar. O aquella suspensión obtenida por el PRD para proteger a cinco personas afectadas por el desabasto de medicamentos retrovirales. O también las 147 demandas de amparo en contra de Santa Lucía.
En ese sentido ha amagado en conferencias matutinas con revelar el nombre de jueces que, según él otorgan amparos indebidos.
En la mira se encuentra la intención de diversos grupos para llevar a la SCJN el caso de la llamada Ley Bonilla que, en Baja California, el Congreso local votó en mayoría para extender el mandato del gobernador de extracción morenista, a cinco años, en lugar de dos.
Las grandes aspiraciones de la 4T están en manos de los jueces, quienes en última instancia ejercen de contrapeso al presidente. Si el “legado” de la primera administración de Morena se encuentra en la SCJN, cabe preguntar si no hay dentro del gabinete alguien que le aconseje jurídicamente al primer mandatario sobre el riesgo de precipitarse al querer transformar al país de un plumazo, ignorando que no es un soberano sino el primer servidor público.
