La titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Martha López Santiago, considera que es necesario que mujeres candidatas y electas se unan para frenar este flagelo
La violencia contra las mujeres en la política ha aumentado a raíz de que la paridad de género está en rango constitucional, según dio a conocer Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al impartir la “Charla de diálogo de pueblos y comunidades indígenas”, organizada por el Tribunal Electoral del Estado (TEEY), consideró que es necesario que mujeres candidatas y electas se unan para frenar esta violencia.
“Yo creo que sí va a haber violencia en estos próximos comicios contra las mujeres políticas, aunque el ideal sería que las mujeres pudieran acceder a los cargos de elección popular sin que sufran ningún tipo de violencia”, comentó la experta.
Añadió que, lamentablemente, es a las mujeres indígenas a las que más se les sigue obstaculizando en el ejercicio pleno de sus derechos político – electorales, se les vulnera, tanto en los sistemas normativos propios de las comunidades originarias, como en la de los mismos partidos políticos.
“Muchas veces las violentan de tal manera que las mujeres tienen miedo de promover un juicio porque creen que les irá peor, las van a sancionar, señalar o el propio partido las va a vetar o les dirá que son conflictivas y no las dejarán participar como candidatas”, declaró.
Por lo anterior dijo que “se necesita mujeres empoderadas para que, ante cualquier tipo de violencia o intimidación, promuevan juicios por la protección de los derechos ciudadanos en los tribunales electorales federales y estatales”.
Recordó que, para evitar que se sigan dando casos en los que se finge la participación de las mujeres en los procesos electorales o la simulación en la ocupación de los puestos de poder, es necesario seguir con la creación de redes institucionales que permitan que las mujeres lleguen y ejerzan sus cargos efectivamente y sin violencia.
“A lo largo y ancho de nuestro país seguimos viendo que no se les permite participar a las mujeres. Existe la simulación. Llegan como síndica, presidenta municipal, una mujer, pero quien ejerce es el marido, el hermano, un hombre, no hay una participación efectiva. Sí hay avances normativos, pero tenemos que ir buscando que se incentive su participación y puedan ejercer los cargos sin violencia”, recalcó.
Anotó que de manera reiterada y sistemática las mujeres son violentadas por diferentes medios, verbalmente, físicamente, la simbólica por las redes sociales digitales y “algunas han perdido la vida por ejercer un cargo público”.
“En el caso de las mujeres indígenas, ellas se enfrentan a estigmas de la comunidad, ya que en ocasiones no se les permite contender si no tienen el permiso del papá, del esposo o de un varón, lo ideal sería que pudieran acceder a cargos de elección sin ningún tipo de violencia”, resaltó.
Otro modo de violencia que han notado es que los hombres utilizan a otras mujeres para atacar a las candidatas.
“Desde la defensoría, también hemos visto mujeres ejerciendo violencia política en contra de otras mujeres. Las presidentas municipales no permiten que otras mujeres se vayan de licencia de maternidad”, afirmó.
Mencionó que otro de los avances para que las mujeres consigan empoderarse en sus derechos político-electorales ha sido la instalación de los observatorios, tanto en los gobiernos federal como estatal y la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”.
“Esto hace que los partidos políticos o los otros candidatos o quienes ejercen violencia se vean inhibidos porque ya están siendo sancionados o aparecen en la lista de violentadores políticos, lo que trae una consecuencia porque a la siguiente no podrán ser candidatos. Ya empiezan a tener un poco de temor, gracias a sentencias locales o federales”, resaltó.
Finalmente, la entrevistada recordó que tanto las mujeres como los ciudadanos que sientan o consideren que sus derechos político-electorales son vulnerados, pueden recurrir a la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se les asesorará y ayudará a promover juicios que les garanticen estos derechos.
TEEY vigilará que no se vulnere derecho
Por su parte, la magistrada presidenta del TEEY, Lissette Guadalupe Cetz Canché, aseguró que en el próximo proceso electoral vigilarán que no se vulneren los derechos políticos-electorales de las personas originarias, que no se usurpen sus candidaturas y que se garantice su participación activa en los comicios, sobre todo de las mujeres que pertenecen a este sector.
Durante su participación en el evento organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán, sostuvo que la discriminación y la marginación no tienen cabida en nuestra democracia, por lo que todos los grupos poblacionales tienen que ser representados en las esferas públicas de toma de decisiones.
“Las personas mayahablantes y las que pertenecen a otros pueblos indígenas que radican en nuestro territorio yucateco, pueden tener la plena confianza de que sus voces siempre serán escuchadas, porque la democracia se sustenta en la inclusión y en la no discriminación”, señaló.
Al recordar que la prevalencia de la población indígena en la entidad oscila entre el 43.1 y el 81.9% en los distritos electorales, precisó que no se puede seguir invisibilizando a los pueblos y a las comunidades originarias, pero sobre todo, se tienen que generar las condiciones adecuadas para que puedan acceder a mayores espacios de representación y que su participación en las elecciones no se limite ni se entorpezca.
“Como Tribunal Electoral también estaremos vigilantes de que ningún actor o partido político pretenda usurpar espacios o candidaturas que le pertenezcan a las comunidades indígenas. Tampoco permitiremos actos de discriminación ni violaciones de derechos”, enfatizó Cetz Canché.
Texto y fotos: Andrea Segura/
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