LA PRESENTADORA de televisión Laura Bozzo y el encarcelado ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos han pedido que la película peruana “Caiga quien caiga”, que narra la historia de la captura de Montesinos, no sea exhibida, informó ayer a Efe su director, Eduardo Guillot.
“Hemos recibido dos cartas notariales que para nosotros no tienen asidero legal, donde nos amenazan para no exhibir la película y dicen que, de lo contrario, nos pondrán juicios por daños y perjuicios” expresó Guillot.
“Caiga quien caiga” (2018), que se estrenará el 23 de agosto próximo en Perú, está basada en el libro homónimo del ex procurador anticorrupción José Ugaz, y cuenta el proceso judicial y la captura, en junio de 2001, del que fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2001).
Según explicó Guillot a Efe, el filme tiene elementos de ficción, y otra importante parte “ya histórica, y que todos conocen”, por lo que dijo que cuando recibió la carta de Bozzo, que según sostuvo incluye amenazas, le pareció “algo increíble”.
“Ella dice que hemos usado su nombre y le hemos atribuido frases que no son ciertas, lo que no entendemos, porque en realidad ella no ha visto la película” apuntó el cineasta, antes de anotar que le parece que ese escrito busca, sobre todo, “llamar la atención”.
Desde 2002, Laura Bozzo permaneció tres años en arresto domiciliario en un estudio de televisión, tras ser acusada de recibir tres millones de dólares de Montesinos para apoyar la segunda reelección de Fujimori.
En julio de 2006, la presentadora fue condenada a cuatro años de prisión suspendida por la tercera sala penal anticorrupción, que la encontró cómplice de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado (malversación de fondos públicos).
Montesinos, por su parte, envió una carta notarial en la que “dice que se ha dañado su nombre y su buena imagen, lo que es algo risible, y por otro lado incomprensible”, comentó Guillot, que recordó de el exasesor “es una persona que está afrontando una condena muy seria”.
El exasesor, considerado el cabecilla de una de las mayores redes de corrupción de la historia peruana, cumple sentencias hasta a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, corrupción de funcionarios, usurpación de funciones, lavado de activos, conspiración y tráfico de armas, entre otros delitos.
Texto y foto: Agencia
