El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamarles su salario. “Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de recibir una explicación, que nos informen, porque la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más”, dijo el mandatario, que ha dado cinco días a los jueces para obtener una respuesta: “Yo gano 150,000 pesos y ellos ganan 600,000, entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México”. Con esta misiva, López Obrador profundiza su enfrentamiento con el poder judicial, que se intensificó desde el nombramiento en enero de Norma Piña como presidenta de la SCJN.
Desde su llegada a Palacio Nacional, López Obrador inició una cruzada por la austeridad y mandó a revisar los salarios de los altos funcionarios. El artículo 127 de la Constitución mexicana sí establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Con base en eso, el mandatario dio instrucciones a Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor (Profeco), para que diera a conocer los sueldos de los altos cargos públicos. Así según la Profeco, el presidente tiene un salario mensual neto de 136.700 pesos, mientras los ministros de la Suprema Corte reciben 284.500. Esto es más del doble que el mandatario, pero no llegan a los 600,000 pesos a los que ha hecho ayer referencia López Obrador.
Los ministros no son los únicos. La gobernadora del Banco de México, el presidente de Cofece, la presidenta del Inegi, el fiscal general o el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones también tienen un salario mensual mayor al de López Obrador, según la información oficial difundida en 2022 por la Profeco. Sin embargo, el presidente no ha hecho mención a los otros altos cargos, solo a los ministros. El mandatario ha presentado el escrito a través de la secretaría de Gobernación, porque “es la que tiene las facultades”, según explicó. “Me he quedado pensando cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. Que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible”, dijo. María Luisa Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación, ya ha confirmado el envío del documento.
Texto y foto: Agencias
