Por Carol Santana
El pasado viernes las reporteras Katia Rejón y Lilia Balam hicieron público su reportaje “Maternidad Forzada: el mito del aborto legal en Yucatán”, en el cual revelaron que, a pesar de que Yucatán considera 5 causales donde el aborto es legal, las denuncias por parte del personal médico y los grupos anti abortistas han hecho casi imposible que este tema de salud pública sea reconocido como tal.
De acuerdo con el reportaje, 65 mujeres han sido denunciadas entre el 2009 y el primer semestre del 2008 por aborto y aborto culposo, incluso cuando estos abortos no hayan sido inducidos.
Tal es el caso de Evelia, quien cumple una condena por homicidio en razón de parentesco por haber sufrido un aborto espontáneo sin saber siquiera que estaba embarazada, después de haber sido víctima de una violación, crimen que no fue perseguido ni castigado de la misma manera.
La investigación de Katia y Lilia nos revela que los intereses de un grupo se anteponen a los derechos de las mujeres, y más cuando entendemos que la regresión realizada en el 2009 en la Constitución de nuestro Estado -en donde se considera vida desde el momento de la fecundación- fue ignorada por el en ese entonces, ombudsman Jorge Victoria Maldonado, el cual ahora participa en marchas del Frente Nacional por La Familia.
Lo grave es que ni siquiera las autoridades que deben velar por nuestros derechos sean capaces de hacerlo por anteponer sus intereses y creencias, mismas que están basadas en un sistema que no puede y no debe tener cabida en nuestras leyes: la religión.
El reportaje y la historia de Evelia, son una muestra más de que para estos grupos “pro vida” -que huyen de todo argumento científico-, lo único que les interesa salvar son sus propias ideas arcaicas: no les importa la vida de las mujeres embarazadas ni la de los supuestos bebés que quieren salvar.
Maternidad forzada es el castigo que éstas personas e instituciones ejercen contra las mujeres por ejercer su sexualidad, castigo que no se aplica para los hombres.
Interrumpir el embarazo es un derecho humano. Uno que no puede ser puesto a consulta y a consideración de grupos que no tienen el interés por proteger ni procurar la dignidad humana. Uno que necesitamos hacer acce-sible y seguro para todas, sin importar las condiciones en las que se presenten. Necesitamos ver el aborto como un tema complejo y de salud pública y no como un estigma ni un crimen que merece ser castigado. Si no, tendremos Evelias presas y violadores libres.
