Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer de que México va “hacia el abismo” en materia de derechos humanos, por la impunidad que envuelve a los perpetradores de feminicidios y por la militarización de la vida pública, entre otras razones.
Así lo expuso la organización en el informe ‘México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?’, que fue elaborado para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) de México.
Este es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU y que evalúa la salud de las libertades fundamentales.
Así, AI subraya que 20,292 mujeres han sido asesinadas entre 2018, fecha del último EPU, y el pasado mayo, aunque pone el foco en que tan solo 5,065 casos se investigaron como presuntos feminicidios.
“Pese a que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios”, avisó.
Además, el informe expresa preocupación por las “deficiencias en las investigaciones como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas”.
Otro asunto en el que la organización enciende las alarmas es el respeto a la protesta social, pues “las más altas autoridades”, como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, “estigmatizan” la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que “cuestionan las acciones del Gobierno”.
También tildan al sistema de justicia penal de “mecanismo de disuasión para quienes protestan”, sobre todo en ámbitos como el medioambiente o la tierra, y recuerdan que México es “uno de los países más peligrosos del mundo” para quienes ejercen el periodismo.
De hecho, 2020 y 2022 fueron de los años “más mortales” para el oficio, con 19 y 13 profesionales asesinados, respectivamente, según AI.
Asimismo, el informe critica la “estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada” impulsada por el Gobierno de López Obrador y el papel de la Guardia Nacional (GN), “una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos”: 1,200 demandas entre 2019, cuando se creó, y 2022.
El propio López Obrador había ideado la GN como un cuerpo civil, pero su control depende de David Córdova Campos, un militar retirado, y en 2022 pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte de Justicia anuló esta transferencia.
“La participación de las fuerzas en la vida pública ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención (…) y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas”, aseguró la ONG.
Texto y foto: EFE
