La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestima las acciones que buscaban detener la reforma judicial, luego de que no se lograron los votos requeridos de los ministros para declarar su inconstitucionalidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no consiguió los votos que se necesitan para invalidar la reforma al Poder Judicial, por lo que los jueces, magistrados y ministros se van a elegir por voto popular en junio del 2025.
En una sesión del pleno, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto que pretendía frenar parte de la reforma y confirmar que los ministros de la SCJN sí podían ser elegidos por el pueblo, pero los jueces no.
Pero aunque el proyecto tuvo el aval de siete integrantes del máximo tribunal, el ministro Alberto Pérez Dayán se unió a las tres que ya habían dicho que votarían en contra: Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres y Loretta Ortiz.
A favor votaron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y la presidenta Norma Piña Hernández.
Como se había previsto, el pleno de la SCJN llevó a cabo el análisis de las impugnaciones formuladas en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024.
Si bien una mayoría de siete ministras y ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones analizadas, al no contarse con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar diversos preceptos contemplados en el proyecto de resolución, el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez.
¿Quiénes lo pidieron?
La Acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024, promovidas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Unidad Democrática de Coahuila, exigiendo la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2024.
¿Qué planeaba el proyecto?
Como se sabe, la reforma constitucional plantea la elección popular de las personas juzgadoras, la creación de un sistema de administración y disciplina más fuerte de los poderes judiciales, y otras medidas relacionadas con la austeridad, las remuneraciones y los alcances de los diversos medios de control constitucional.
El ministro González Alcántara Carrancá dijo que, bajo el amparo de nuestra Constitución, debe mantenerse una república representativa, democrática, laica y federal, y la Corte, como defensora de la Constitución debe revisar, incluso las reformas constitucionales, que contravengan ese pacto.
“Como se trata de una reforma constitucional que, para ser aprobada, requirió de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y de la aprobación de más de la mitad de las legislaturas estatales, esta Corte debe adoptar un principio de máxima deferencia hacia ese órgano y limitarse a estudiar y, en su caso, a invalidar, aquello que definitivamente contravenga la forma republicana, representativa, democrática, laica o federal”, manifestó.
Además, argumentó que los magistrados y ministros sí pueden ser electos por el pueblo, pero no los jueces, lo que suponía un proyecto salomónico, pues, además, se reconoce validez de las funciones del Tribunal relacionadas con la denuncia y las relacionadas con los diversos regímenes de responsabilidad de las personas juzgadoras.
“Por cuanto hace a la integración del Tribunal de Disciplina, se propone validar el sistema de acceso a los cargos de tales magistraturas por medio del voto popular, puesto que no se acredita que genere subordinación de sus integrantes a un Poder externo”, expresó.
Sobre los cuestionamientos relacionados con el tope máximo a las remuneraciones y la extinción de los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos en el Poder Judicial, González Alcántara concluyó que ambas medidas tienen como finalidad racionalizar el gasto público y no conlleva, por sí solas, una merma a la independencia judicial.
Pérez Dayán y su voto
El ministro Alberto Pérez Dayán, quien se presumía parte de los ocho que daría su voto a favor del proyecto que anula parte de la Reforma Judicial se apartó y adelantó que su voto sería en contra, lo que dio al traste con el objetivo de la mayoría.
“Es total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido, por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería —lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona— responder a una insensatez llevada irresponsablemente al Texto Supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, expuso en su intervención en el pleno de la Suprema Corte.
Esta decisión salvó a la Reforma Constitucional relativa al Poder Judicial, pero también evitó un conflicto o choque de poderes entre el Legislativo y Judicial, pues el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó a fines de octubre una reforma constitucional para asegurar que las enmiendas a la Carta Magna sean inmunes a impugnaciones como acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o juicios de amparo.
Pérez Dayán adelantó su voto y sus argumentos en una parte de la discusión de ayer, cuando la Corte determinó que los partidos políticos sí pueden impugnar reformas constitucionales.
De hecho, en esa parte de la votación el ministro dio su voto a favor, junto con los otros siete Ministros y Ministras, lo que podría interpretarse que estaba con ellos en todo el proyecto, pero inmediatamente aclaró que no era así.
Tras varios planteamientos a favor de los siete ministros, se tomó una primera votación y al no alcanzarse los ocho necesarios se desechó el proyecto, pese a que hubo una segunda votación en la que se dejó en claro que para declarar la invalidez se necesitaban solo seis votos, algo que nunca ha pasado.
Tras la votación para determinar ese tema, seis votos fueron por el que se quedarán en ocho votos para declarar la invalidez y cinco porque se cambiara a seis, entre ellos la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
A los libros de historia
En su primera intervención de la sesión, la ministra Piña Hernández señaló que, independientemente de la determinación, al final del día, la decisión se iría a los libros de historia.
“Es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se tocan y transforman la realidad de las personas, o que dividen a la sociedad a la que nos debemos, pero esa es la irrenunciable tarea que se le encomienda a todos los tribunales constitucionales del mundo”, afirmó.
En ese sentido se dijo consciente del peso histórico de la decisión de los ministros en la sesión de ayer.
Protesta en Mérida
Un grupo de ciudadanos meridanos protestó ayer en el Palacio de Cristal, sede del Poder Judicial del Estado, en apoyo a los jueces, ministros y magistrados, previo a la votación de la Corte.
“México despierta”, urgió una de las organizadoras, la ex alcaldesa de Mérida Ana Rosa Payán Cervera.
Manifestó que la Constitución estaba en peligro por esa mayoría rampante que tiene hoy el oficialismo, donde pueden cambiar el texto de la Carta Magna a su antojo, una mayoría, por cierto, que no le dio el pueblo, sino el INE y el Tribunal Electoral.
Payán Cervera afirmó que en los países donde se ha aplicado el nombramiento de jueces por el voto popular, ha sido un fracaso.
“Nosotros queremos jueces preparados, que tengan la carrera judicial y que defiendan los derechos humanos de la gente”, concluyó.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotos: Agencias
