El 88% de las mujeres mayas con pareja que viven en comisarías meridanas sufre violencia de género, en un entorno de marginación, alcoholismo, carencia de oportunidades laborales y escasez de servicios públicos, de acuerdo con el estudio “Voces de mujeres mayas”, elaborado por el Instituto Municipal de la Mujer.
Según el trabajo de investigación, ellas padecen cotidianamente abusos que atentan contra su dignidad y derechos humanos, y las formas de violencia con más incidencia son la psicológica (41%), económica (21%), física (17%), patrimonial (14%) y sexual (7%).
El estudio “Voces de mujeres mayas. Diagnóstico de las violencias que viven en comisarías del municipio de Mérida”, es una labor conjunta entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas y el ayuntamiento meridano con la finalidad de evaluar y visibilizar a las mujeres y las problemáticas a que se enfrentan para el acceso a sus derechos humanos.
La investigación realizada en las comisarías San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay, Tzacalá y Yaxnic reveló que prácticamente 9 de cada 10 mujeres (88 por ciento) viven alguna condición de violencia ejercida por sus parejas. Además, de las entrevistadas que indicaron tener padecimientos emocionales, 62 por ciento indicó sufrir de nervios, 30% de depresión y 8% de ansiedad.
Agresión más frecuente
Las estadísticas del estudio señalan que el 41 por ciento vive violencia psicológica –la más frecuente– que se expresa en insultos, amenazas de muerte y celos. En segundo lugar está la violencia económica con el 21 por ciento, que se manifiesta cuando los cónyuges o parejas no proporcionan su aporte al gasto familiar, cuando gastan la mayor parte del dinero en bebidas alcohólicas y cuando las mujeres deben solventar los gastos de alimentación, vestido, calzado y servicio médico de los hijos. En los contados hogares donde los hombres no tenían problemas de alcoholismo y aportaban recursos al hogar se identificó que practican una religión protestante.
Asimismo, la violencia física ocupa el tercer lugar con el 17 por ciento y se identificaron agresiones como golpes, empujones y torceduras de brazos, aunque se registró resistencia de las mujeres para expresar este tipo de violencia en el hogar.
La violencia patrimonial ocupa el cuarto lugar con el 14 por ciento de los casos, donde lo más común es la destrucción de las pertenencias de la víctima, seguida por la utilización de las cosas de ella sin su permiso y el control del gasto en el hogar. Algunas mujeres comentaron el hecho de que ellas no recibieron herencia alguna y que sus esposos cuando están enojados las desalojan de la casa familiar, lo que las hace sentirse inseguras por no tener un inmueble propio. Lo común en las comisarías es que las herencias pasen a los hijos varones.
Finalmente, la violencia sexual representa el 7 por ciento, y se presenta cuando las mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales, ya sea con el uso de la fuerza física o amenazas de actos de infidelidad. Este tipo de violencia se ha naturalizado al grado que se considera común que el cuerpo de las mujeres pertenece por derecho a los esposos y en muchas ocasiones las mujeres acceden a tener sexo para evitar “mayores problemas”.
Cabe destacar indica que las entrevistadas refirieron que la principal causa de violencia en pareja se atribuye al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas (75 por ciento), y un menor porcentaje sostuvo que se debe a estereotipos de género o conductas misóginas o machistas.
El estudio indica que es un problema extendido no solamente en las comisarías de Mérida sino en todo el estado, y es considerado por las mujeres el principal factor de problemas en el hogar, ya que los hombres no aportan al gasto, además que propicia reclamaciones, peleas o celos que derivan en más violencia emocional y física.
El estigma del idioma
Las situaciones de violencia doméstica que viven las mujeres se agravan por el entorno de marginación en el que habitan. El 35% de las personas que viven en comisarías son consideradas indígenas, con marginación y rezago social alto, principalmente en el sur del municipio, donde prevalecen condiciones de rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, servicios públicos limitados, falta de oportunidades de empleo, falta de obra pública y pobreza.
De las mujeres entrevistadas, 90 por ciento son mayahablantes: el estigma y la discriminación que conlleva hablar una lengua indígena que es poco funcional en los espacios institucionales como en la escuela, el trabajo o la ciudad en general, es lo que orilla a las familias a no enseñar la lengua a sus descendientes, y por ello hay poco bilingüismo en las nuevas generaciones.
Además, la escolaridad se concentra en el nivel básico (44 por ciento), y de las que tienen primaria más de la mitad no la terminó; las que tienen secundaria (22 por ciento) casi todas la terminaron, aunque 19 por ciento son mujeres que no estudiaron y que no saben leer ni escribir.
En cuanto a la salud, un 29 por ciento de las entrevistadas admitió tener alguna dificultad física ya sea para ver, escuchar o moverse; de igual forma, los principales padecimientos son diabetes (19 por ciento) e hipertensión (17%), y les siguen en afectación el asma, colesterol, triglicéridos, anemia, papiloma, afectación en los riñones, quistes, esclerosis cáncer e hipotiroidismo.
Líneas de atención
Para la administración municipal, dar a las mujeres una vida libre de violencia requiere transformaciones profundas en los valores sociales, que englobe los siguientes aspectos: conocimiento de derechos, respeto propio y hacia los demás, solidaridad entre las mujeres, transmisión de valores desde la familia, un gobierno que brinde apoyos contra la discriminación.
Al respecto, en Instituto Municipal de la Mujer ofrece talleres de atención psicológica y trabaja con promotoras indígenas para impulsar estrategias de asesoría legal, capacitación laboral, actividades lúdicas como zumba o baile, talleres de salud y becas.
Otras acciones necesarias son abordar con mayor profundidad los casos de violencia con el fin de medir la severidad y frecuencia para identificar elementos de peligro o que puedan desencadenar en feminicidios.
Además, reforzar y continuar con la capacitación de las autoridades municipales de las comisarías y subcomisarías, con la finalidad de sensibilizarlos sobre los derechos de las mujeres, violencia de género y protocolos de atención en casos de violencia.
Dudas dentro de la familia
“La violencia sexista se focaliza en muchos aspectos. Si bien es cierto que la familia puede ser un espacio de protección y amor, también puede ser un espacio de violencia”, afirmó María Herrera Páramo, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).
Culturalmente, dijo, se considera a la familia como una institución que hay que cuidar y esto puede ocasionar que las mujeres se cohíban para denunciar los abusos que viven. “El que las mujeres lleguen a esta institución tarda mucho tiempo en que decidan ahora sí voy a denunciar, suceden hechos altamente violentos antes de pedir ayuda”.
“Esto se va convirtiendo en una bomba de tiempo a nivel social. Las cuestiones que son estructurales como las violencias contra las mujeres no se pueden acabar en sexenios, dado que es una cuestión estructural, se requiere voluntad y continuidad social y política”, mencionó.
De acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres féminas vive violencia física o sexual, en su mayoría ejercida por un compañero sentimental, y el 38 por ciento de las asesinadas son víctimas de sus parejas.
Herrera Páramo sostuvo que en Mérida existen refugios para mujeres que viven violencia extrema, en donde reciben hospedaje y asesoría legal y psicológica.
“Atendemos incluso a adolescentes que son madres en violencia extrema. Las asesoramos con la debida normatividad. También tenemos mujeres de más de 70 años que viven violencia a manos de sus hijos varones o sus esposos, les quitan su dinero. Es una problemática amplia”, concluyó.
– José Villegas
