CIUDAD DE MÉXICO.- La ausencia de un marco normativo integral y de políticas en materia de violencia política de género, son un obstáculo para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, advierte un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El 9 de marzo pasado, la Cámara Alta aprobó las reformas a las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, que tienen por objeto erradicar la violencia política en razón de género, para lo cual establecen definiciones, facultades y sanciones en esta materia.
La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para seguir el proceso legislativo, por lo que, de aprobarse, México sería el segundo país de Latinoamérica en tipificar la violencia política de género como un delito electoral.
Con esto se adecuaría a lo acordado en la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres.
“Resulta necesario legislar en materia de violencia política contra las mujeres, pues de ello depende que este sector de la población esté en igualdad de condiciones con los hombres para desarrollarse en el ámbito político-electoral”, advirtió el instituto.
El estudio refirió que sólo los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Veracruz han incorporado el término “violencia política” en sus respectivas legislaciones, así como las conductas que constituyen este tipo de actos. En Tamaulipas, el decreto para incluirla en la ley está en trámite legislativo.
Según la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), entre 2013 y 2016 se registraron 416 expedientes y carpetas de investigación que podrían constituir violencia política de género.
De las denuncias por violencia política de género, 10 son sobre hechos “que lesionan directamente los derechos político-electorales de las mujeres indígenas”.
– El Universal
