El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó ayer lunes a una Constituyente “popular y no de los partidos políticos” para redactar una nueva Carta Magna, cuyos integrantes serán 500. Algunos serán elegidos por municipios y otros propuestos por sectores sociales: productivos, empresariales, educación, entre otros.
El sistema, confuso, hace que algunos sean elegidos por el voto directo y otros no. No habrá voto universal.
El mandatario socialista anunció que entregará al Consejo Nacional Electoral (CNE) las bases del proceso.
“Va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentistas: 200 ó 250 por la base de la clase obrera, las comunas, misiones, los movimientos sociales (…) Los movimientos de personas con discapacidad van a tener a sus constituyentes propios electos, los pensionados”, detalló el presidente.
“Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo”, dijo Maduro, ante miles de seguidores congregados en el centro de Caracas por el Día del Trabajador.
“He pensado mucho con el alto mando militar y político, las opciones estratégicas. Me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada, y hoy 1 de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales constitucionales, y de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución, convoco al poder constituyente”, aseguró Nicolás Maduro durante el acto por el 1 de mayo.
La comisión que comenzará con el procesos será presidida por Elías Jaua, ex canciller de Hugo Chávez. En ella, además participará la primera dama Cilia Flores.
Desde el Consejo de Ministros el jefe de Estado, firmó el decreto de convocatoria al proceso y explicará los detalles de la convocatoria.
Mientras que en las calles, militares y policías de Venezuela impidieron ayer lunes el avance de marchas opositoras hacia el centro de Caracas, dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos, observaron periodistas de la AFP en el lugar.
Los primeros incidentes se produjeron en la mañana en los sectores de El Paraíso y Santa Mónica (oeste), cuando grupos separados intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro, y fueron diseminados por las fuerzas de seguridad.
Disturbios
Nuevos disturbios se registraron en la tarde en el este, con manifestantes que trataban de movilizarse hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también en el centro, donde miles de chavistas se manifiestan en apoyo al presidente Nicolás Maduro en el Día del Trabajo.
“¡Libertad! ¡Libertad!”, coreó la multitud, mientras en los edificios vecinos retumbaban cacerolas.
Después del anuncio de Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente por decreto, miles de ciudadanos venezolanos expresaron su rechazo a la decisión del régimen chavista con un estruendoso cacerolazo.
Desde las 9:00 de la noche se escucharon las cacerolas en varias zonas de Caracas. En El Valle, San Martín, Catia, El Paraíso, Caricuao y 23 de Enero se escuchó el ruido de las ollas, en una protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La oposición venezolana cumplió este lunes un mes de protestas para exigir elecciones generales, incluyendo un adelanto de las presidenciales previstas para 2018, al culpar a Maduro de la grave crisis política y económica que soporta el país petrolero.
Las manifestaciones dejan un saldo de 28 muertos y cientos de heridos, de los cuales se responsabilizan mutuamente el gobierno y sus adversarios.
Maduro, elegido hasta enero de 2019, sostiene que las protestas, sumadas a lo que denuncia como una “guerra económica”, buscan crear las condiciones para un golpe de Estado y una intervención extranjera en Venezuela.
Reporte de AI
Amnistía Internacional (AI) denunció un amplio menú de violaciones del gobierno de Venezuela a los derechos humanos, en un país sacudido por una de las más graves crisis políticas, económicas y sociales de su historia.
En un informe que emitió a finales de abril pasado, la organización mundial de defensa de los derechos humanos denunció que el régimen chavista ejecutó “detenciones arbitrarias” por motivos políticos, entorpeció la libertad de expresión, de asociación y de participación ciudadana, y afectó los derechos a la libertad, a la integridad personal, al debido proceso y a la “no discriminción”.
“En un contexto de profunda polarización política y de un marcado deterioro social en los últimos años, Amnistía Internacional ha constatado la existencia de medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia venezolano”, sentenció el informe.
El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene silencio acerca de las acusaciones de AI, una de las más prestigiosas organizaciones mundiales no estatales de vigilancia global de los derechos humanos.
AI constató “fehacientemente la existencia de múltiples formas de arbitrariedades en el proceso de detención y procesamiento de personas disidentes.
– Agencias
