La libertad de expresión es uno de los focos rojos en la crisis de derechos humanos. El ejercicio de ésta es condición para la existencia de otros derechos, pero su situación se degrada por los crímenes contra periodistas y la autocensura.Su retroceso es un punto de quiebre para la confianza hacia el país y del diálogo democrático entre los mexicanos, que desnuda la incapacidad del Estado para proteger las libertades y contener la violencia de poderes formales y de facto que secuestran el debate público. Ninguna reforma ni ley han podido revertir un fenómeno que amenaza la calidad de la información y la pluralidad de voces que exige la democracia para funcionar. En los últimos 15 años se han generado leyes para proteger, promover y asegurar la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica su evolución va en dirección contraria. El país alcanza los peores niveles internacionales y sólo en lo que va del año se registran 69 agresiones contra periodistas. México es el único país de AL que recibió su peor calificación en un rango de 10 años y Freedom House en su último informe con motivo del Día de la Libertad de Expresión esta semana lo incluyó en la categoría como “no libre” para el ejercicio de la prensa. Estamos en el sótano de sus mediciones sólo arriba de Venezuela, Ecuador, Honduras y Cuba. Si los cambios institucionales no muestran avances, cuáles son los factores que limitan la libertad de expresión y de qué manera operan los contextos para recortar los espacios de libertad que se abrieron tras la alternancia en el 2000? La liberalización de controles y censura generaron una “primavera” democrática en los medios la década pasada, pero la situación cambió al punto que hoy la crisis de derechos humanos es inseparable del resurgimiento de viejas prácticas como la autocensura, la cerrazón de la información, los modelos de negocio de los medios, el uso de la publicidad oficial como mecanismo indirecto de censura, la presión de poderes y caudillos locales junto o además de la acción del crimen organizado. Desde el 2000 hay leyes destinadas a robustecer la libertad de expresión con la creación del IFAI, ahora Inai. La despenalización de los llamados delitos de prensa para remover un flanco de amenaza y extorsión contra los periodistas, así como también la creación del Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especializada de la PGR. Nada. Ninguna de estas respuestas institucionales ha logrado penetrar en la intrincada red de amenazas y formas de control. Podría pensarse que en el ejercicio de este derecho las leyes operan de modo similar a otras protecciones con el viejo aserto del “acátese, pero no se cumpla”. La falta de legalidad es endémico e incluso la regulación con frecuencia es contraproducente porque sirve para elevar el costo de la extorsión y la corrupción. Pero en este caso además se conocen poco las experiencias y el diagnóstico de los propios periodistas sobre la forma en que opera la censura y la autocensura en sus espacios laborales o en la interacción con los poderes. Por eso es importante una iniciativa de encuesta nacional sobre libertad de expresión que esta semana lanzaron Freedom House, la revista Este país, la Universidad Iberoamericana y Parametría para conocer la percepción de los periodistas sobre los factores que limitan su trabajo. Difícilmente podrá revertirse el deterioro de la libertad de expresión sin su voz y participación en la identificación de los problemas y las formas de solucionarlo. Los crímenes y las amenazas contra los periodistas no están doliendo a la sociedad mexicana como sucedería en otras democracias, son los periodistas los que pueden ayudar a saber porqué y cuáles son sus principales enemigos.
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