La diócesis de campeche hizo eco del posicionamiento del Consejo del Episcopado Mexicano en contra de la Norma Mexicana de violencia familiar, sexual y contra las mujeres que recientemente aprobó la Suprema Corte de Justicia, donde se obliga a los Hospitales Públicos a practicar el aborto a las mujeres que declaren bajo protesta de decir verdad que fueron agredidas sexualmente sin necesidad de que esto se haga frente a un Ministerio Público.
En el caso de niñas menores de 12 años será con la solicitud del padre, madre o tutor de la menor, sin que se tenga que hacer una verificación del hecho.
De acuerdo con los prelados, las mujeres serán expuestas a un riesgo sin la necesidad de interponer una denuncia, ya que el agresor quedaría impune al no haber una denuncia y pudiera ser éste mismo quien obligue a la menor a realizarse el aborto, quedando en libertad para poder volver a delinquir.
Por otro lado señalaron que no es aceptable que el aborto sea considerado como tratamiento pues dicen que no es una solución moralmente aceptable y que el derecho a la vida no puede ser vulnerable por la forma en que ha sido concebido un ser humano, asimismo el presbítero Gerardo Casillas, vocero de la diócesis, afirmó que el derecho a la vida no es un asunto de dogma religioso sino de derechos humanos.
-Todo individuo tiene derecho a la vida, dice el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no se puede discriminar quiénes tienen más derecho a la vida -señaló el presbítero católico, ya que sería una injusticia y discriminación dando categorías a las personas de acuerdo a su etapa de desarrollo.
-Los obispos de México no pretenden imponer un concepto religioso sobre la vida del embrión y exigen al presidente de la República un gobierno respetuoso de los Derechos Humanos, por lo que se suman a la defensa y al cuidado de las mujeres que han vivido la experiencia de una agresión sexual ofreciéndoles asistencia religiosa en todas sus diócesis -destacó el vocero.
Texto y foto: Agencia
