La 4T defiende el acuerdo; oposición anuncia que lo impugnará; industria de la construcción, en total desacuerdo
Andrés Manuel López Obrador defendió ayer que el decreto que blinda las obras del Gobierno busca “agilizar los trámites burocráticos”. El presidente aseguró que el acuerdo, publicado por sorpresa anteayer en el Diario Oficial de la Federación no tiene el propósito reservar la información de los proyectos de infraestructura promovidos por el Estado pese a que los declara asunto de interés público y seguridad nacional.
Se trata, según la justificación del mandatario, de evitar amparos y trabas administrativas. Las obras más emblemáticas impulsadas por el mandatario, que el próximo 2 de diciembre llegará al ecuador de su sexenio, son el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.
El decreto levantó un vendaval de críticas y la oposición del PRI, PAN y PRD, agrupada en la coalición Va por México, ha anunciado su impugnación por considerarlo inconstitucional. También el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) está preparando una controversia de constitucionalidad.
El presidente, que durante su conferencia de prensa matutina se ha referido en varias ocasiones al mega proyecto del Tren Maya en el sudeste del país, insistió en que el Ejecutivo pretende que “no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”. —Es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, para que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra. Porque tenemos que avanzar, terminar y concluir las obras —aseguró.
En opinión del mandatario, el decreto no torpedea la transparencia. “En las Secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas”, ha dicho al criticar casos de corrupción que rodearon las anteriores Administraciones. El acuerdo refuerza de facto la protección de estas obras también en lo que concierne a la publicidad, los datos o la información relacionada con ellas. Es decir, las solicitudes de trasparencia contempladas por la ley ya no serán como antes, ya que la Constitución establece abiertamente una excepción.
—Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional —rezó la ley fundamental. El texto concede, no obstante, que “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío consideró que el decreto no impide la presentación de amparos y que no regula las relaciones entre las dependencias, sino las relaciones de los distintos departamentos del Gobierno con las empresas particulares. Por tanto, sin un particular estima que se concedió una licencia en “condición ventajosa” tendrá el derecho de presentar recurso. López Obrador rechaza ese planteamiento. “Así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del poder judicial ejerceré también a plenitud mis facultades de presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia”, afirmó.
La oposición anunció que hará lo posible para tumbar el acuerdo. La coalición Va por México presentó una una controversia constitucional ante la Suprema Corte por un decreto que, ha afirmado el diputado del PAN Jorge Romero, “solo busca la opacidad”. La iniciativa también recibió críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW). —Cada día es más evidente que AMLO cree estar por encima de la ley. Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados de seguridad nacional —exentos de la ley de transparencia-”, lamentó José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.
Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) manifestó su desacuerdo en que la construcción de obras de infraestructura pública sea consideradas como seguridad nacional.
En un comunicado, los constructores indicaron que existen diferentes causas que inciden en el retraso de la obtención de permisos para la ejecución de obras públicas, además de la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.
—No estamos de acuerdo que la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizarla, por los problemas que podrían generar a las dependencias ejecutoras de obra pública, las empresas constructoras y la sociedad en general —señalaron.
—Es un problema estructural que debe atenderse dándole a la planeación de largo plazo y a la preparación técnica de los proyectos la seriedad, prioridad y tiempo que requieren —indicó.
Texto y foto: Agencias
