La ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron ayer al Gobierno mexicano “el pleno esclarecimiento de las agresiones” contra la periodista Lydia Cacho, torturada en 2005.
Ante el reciente amparo que recibió el empresario José Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista, las agencias de la ONU “recuerdan la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos”.
El pronunciamiento se publica después de que Artículo 19 denunció el martes que un tribunal en Quintana Roo, en el sureste de México, exoneró a Nacif tras otorgarle un amparo que lo libera de toda responsabilidad del caso de Cacho.
La periodista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad Nacif, empresario de la industria textil.
Nacif era uno de los principales señalados en el libro “Los Demonios del Edén” en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
“La impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a sus familiares, (sino que) favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, denunció la ONU.
Las agencias de Naciones Unidas señalaron que México debe cumplir con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que el Estado mexicano violó el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación.
