En una decisión fuertemente criticada tanto por sus seguidores como por sus adversarios políticos, Joe Biden, presidente de EEUU, indultó este domingo, día del Señor, a su propio hijo de la condena con la que le sentenció el poder judicial por evasión fiscal y posesión de armas. A pesar de haber expresado en repetidas ocasiones su fe en el sistema judicial, e incluso afirmar que, de resultar culpable, aceptaría con resignación el resultado mostrando que nadie está por encima de la ley; ahora se justifica alegando una “politización del asunto” y un “error judicial”.
Por su parte, Donald Trump ha alegado durante años la existencia de una campaña en su contra, una cacería de brujas que utiliza, según él, los recursos del Estado para incriminarlo y desactivar su capital político.
Además de procesos estatales, como los 34 cargos pendientes de sentencia en los tribunales de Nueva York entre los que se incluyen falsificación de registros comerciales, hay una serie de procesos en curso de orden federal como el de Washington en el cual intentó revertir su derrota en las urnas o aquellos de orden civil entre los cuales se le acusa de incitar a la sublevación y llamar a tomar el Capitolio el 6 de enero de 2021. Se suman a esta categoría dos casos de difamación, uno más de fraude e incluso algunos relativos a delitos sexuales.
La mayoría de estos casos han aplazado su sentencia para evitar la idea de una represalia o una aplicación selectiva y sesgada de la justicia por la cercanía del proceso electoral. En algunos casos, como los de los registros comerciales en Nueva York podrían ser desestimados si, a su llegada a la oficina oval, despide a Jack Smith, fiscal del caso, como ha prometido en los últimos días.
En otros delitos a nivel federal, en el último recurso a la mano, de ser sentenciado y condenado, podría otorgarse el indulto a sí mismo desde su posición como titular del poder ejecutivo. En el resto de los cargos pendientes, en vista de sus funciones de orden superior como mandatario, gozaría de una especie de inmunidad mientras dura su administración, como se ha determinado en algunos casos en los cuales las resoluciones han sentado precedente en el sistema judicial. Además, Trump ha prometido públicamente que al llegar a la presidencia encomendará al fiscal que nombre, ejercer la fuerza de la ley en contra de sus adversarios políticos. Lo que probablemente equivalga a decir que ambos presidentes podrían haber usado sus poderes extraordinarios de clemencia para inclinar la balanza de la justicia a su favor, con lo cual la imparcialidad del sistema se ve severamente cuestionado: la justicia ha tomado partido.
Durante la campaña electoral, hace 50 años, el presidente Richard Nixon sería encontrado culpable de usar con discrecionalidad las fuerzas del orden, particularmente al FBI para espiar a sus adversarios políticos desde la misma sede del partido demócrata en la calle de Watergate en Washington. El escándalo obligó a su renuncia y dio por terminadas sus aspiraciones de reelección.
Sería a partir de los siguientes meses en los cuales el resto de los asuntos que lo incriminaban salieran a luz a cuentagotas. Se reveló una red de escucha e intervención no solamente de personajes políticos, sino de una compleja instalación de dispositivos dentro de la oficina oval y el resto de las oficinas de la Casa Blanca, en la cuales se grababa todo cuanto acontecía. En ese momento, justificó su instalación argumentando que sería material que utilizaría a la postre para escribir sus memorias.
Sea como haya sido, en ese entonces la clara división de poderes y el papel de la prensa como promotor del derecho a la información en una democracia, provocó su estrepitosa y vergonzosa caída. Ni los periodistas se han salvado de Trump en el pasado ¿qué podemos esperar en este nuevo capítulo?
CARLOS HORNELAS
carlos.hornelas@gmail.com
Profesor, periodista y analista. Experto en política y medios de comunicación.
