Por si no hubiésemos tenido suficiente con la polémica con respecto a todos los recursos destinados a la promoción de candidatos a la presidencia, la última semana se suma una más a partir de una playera.
Meses antes de aquello que por ley se considera precampañas electorales, el país entero se llenó con pintas en bardas que señalaban a los funcionarios en turno, llamados entonces por el presidente “destapador” como “corcholatas”, sin que se sepa aún quién financió y con qué recursos dichos mensajes proselitistas, con todo el desdén por la normatividad vigente.
Desde entonces el presidente, se ha quejado de que su “libertad de expresión” se ha coartado una y otra vez por señalamientos que le hace el INE con respecto a expresiones que ha utilizado denostando a activistas de derechos humanos, periodistas nacionales y extranjeros, personas de la política y a quienes llama “adversarios políticos”, cuando dichos mensajes se extralimitan de las lindes fijadas por todo tipo de normas.
Ha dado a conocer el teléfono personal de una periodista extranjera, violando así la ley de protección de datos personales y poniéndola en riesgo. En su momento minimizó esta situación y le sugirió que cambiase de número telefónico. Lo curioso es que cuando se reveló, en redes sociales los teléfonos de sus hijos, se quejó de dicha violación a la intimidad y se victimizó culpando a sus opositores.
Ha violado también el secreto fiscal en diversas ocasiones, cuando le ha dejado dividendos políticos, y sus objetivos han sido seleccionados con cuidado: el periodista Carlos Loret de Mola, la ahora candidata Xóchitl Gálvez, Ricardo Salinas Pliego, lo cual ha rebajado la condición del SAT a un brazo armado que ha servido de ariete a quien se le interpone, ha utilizado la institución como su mecanismo de extorsión para apagar esos fuegos. Por supuesto, se ha justificado en el afán de “combatir la desinformación”, no obstante, esa tarea no se encuentra dentro de las funciones de la presidencia. La presidencia no es ni un vigilante vengador ni el justiciero del pueblo, para ello se su- pone que hay un estado de derecho.
En todo caso es raro que, habiendo sendas evidencias, no proceda a hacer las denuncias correspondientes y se persiga a los transgresores, si esa es su situación. Como se había mencionado, es una extorsión.
En el caso de su relación con otros poderes, ha creado la narrativa de que quien no está de su lado, está en su contra. Ha llamado “golpistas” a legisladores que se opusieron, en pleno ejercicio de sus derechos y sus funciones, a aprobar su reforma energética y los amenazó con abrirles juicio político por actuar “en contra del pueblo” y en mayo de 2022 Mario Delgado denunció a 223 diputados ante la Fiscalía Ge- neral de la República por el supuesto delito de “traición a la patria”.
Lo mismo ocurre de sus expresiones en contra de diversos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso de algunos que a él mismo le tocó nombrar como la actual presidenta, Norma Piña. En este caso el agua llegó a los aparejos. El Departamento de Estado, en EEUU, resaltó en su último informe sobre derechos humanos los ataques directos del presidente sobre este poder. Los cuales buscaron “desacreditar posiciones críticas en contra de su gobierno”. En este caso, hay que recordar que partidarios de su gestión el 17 de marzo del 2023 quemaron una efigie de Norma Piña, acusándola de “traidora”.
En días recientes Jenaro Villamil en un video que circula en redes sociales, exhibe una playera negra con el dibujo de la “santa muerte” con el dedo índice en los labios y la leyenda “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”. ¿Es esto un acto de libertad de expresión o libertad religiosa, teniendo en cuenta que es un funcionario público cuyo desempeño debe ser imparcial y laico, sobre todo en un proceso electoral?
CARLOS HORNELAS
carlos.hornelas@gmail.com
Profesor, periodista y analista. Experto en política y medios de comunicación.
