A partir del incendio y explosión de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 6 de abril, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer que se ha detectado en imágenes satelitales la existencia de un derrame de petróleo en curso en la misma zona del siniestro.
El derrame inició alrededor del 22 de marzo de este año y sigue activo. Se calcula el derrame de crudo en una superficie mínima aproximada de 390 km2, una di- mensión similar a la del derrame denunciado por varias de las organizaciones firmantes en julio del año pasado.
Señalaron que, una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex que se detecta un derrame no reportado por las autoridades.
“Ante ello, urgimos información transparente, medidas de atención, mitigación y de no repetición; y una conversación sobre Pemex y la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su innegable responsabilidad frente a la cri- sis climática”, expresaron.
La repetición de estos desastres subraya la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y que- ma de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en nuestro país. El siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino que es una consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles.
La principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (Asea). La Asea es la agencia gubernamental encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en las materias de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente. A pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex, demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres.
El aumento del 152% en la frecuencia de siniestros de Pemex en los últimos dos años, a la par de una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, evidencian que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que
anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente. Las consecuencias son visibles en las irreparables pérdidas humanas de trabajadores y las afectaciones a la salud de las comunidades humanas y los ecosistemas impactados por los desastres fósiles.
En sus comunicaciones, Pemex se refirió a este siniestro como un “conato de incendio”, sin embargo, al momento, se sabe que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y 9 más resultaron heridos.
