El movimiento de trabajadores en la empresa Producción Alimentaria Porcícola S.P.R de R.K de C.V, empieza desde temprana hora y hasta caída la tarde, pese a que la resolución federal fue clara: “detener sus operaciones“.
Aunque hace tres días ya no ingresan cerdos a la granja, el movimiento de trabajadores no paró nunca, pues entran y salen vehículos a toda hora.
A la entrada se observan letreros que prohíben el paso a personas ajenas a la granja, además que advierte, serán grabados por cámaras de seguridad. A lo largo del camino para ingresar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló postes para dotar de energía a la empresa que pretende proveer toda su producción a la Granja Kekén.
Esta granja opera en un terreno de 117 hectáreas, el cual autorizaron primero autoridades municipales y luego la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) de la administración de Rolando Zapata Bello autorizaron su operación, pese a ser un territorio donde se ubican 300 cenotes que forman parte de la zona de recarga de la Península de Yucatán.
En Homún, alrededor de mil 500 personas viven directamente del turismo, entre hoteleros, restauranteros, mototaxistas y guías.
Ahora, por la gente que visita los cenotes que ahora se ven amenazados por la instalación de la mega granja porcícola, asegura al respecto José Clemente May Echeverría, secretario del colectivo Kanan Dzonot (Guardianes de los cenotes).
“Hemos entendido que un pueblo maya tiene derechos, seguimos en la lucha”, dice con convicción.
La pesadilla para los habitantes de Homún, empezó hace más de un año y medio, cuando les dijeron que construirían un camino que llevaría a una laguna, más tarde se enteraron que se autorizó la instalación de una granja.
Sus intentos de convencer a las autoridades de recular con este proyecto fueron infructuoso, al igual que su peregrinar también ante el extitular de Seduma, Eduardo Batllori Sampedro, quien le tiró la bolita al exalcalde priista Enrique Echeverría Chan, quien fue el primero en autorizar este proyecto, aunque no estaba en sus atribuciones ni tenía idea del impacto ambiental que ocasionaría.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa PAPO, son 14 las personas que figuran como socios: Juan Enrique y Ricardo Ortíz García, Alicia y Alejandro García Gamboa, Ricardo Díaz Montes de Oca, Rosaura Martínez Salazar, Beatriz Elena y Erika Díaz Lizarrága, Gerardo García Macari, Valentina y José Alberto Ortíz García, Beatriz Elena Lizarrága Peniche, José Enrique Aristi Bazán y Manuel Antonio Castillo Carrillo.
Pobladores de Homún, con el respaldo de activistas, presentaron un amparo que permitió la resolución de la juzgadora federal Miriam Cámara Patrón con base a la protección de la niñez, al considerar que “existe un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y con ello se provoquen perjuicios de difícil reparación para las quejosas, especialmente en atención a los derechos que estiman violados, que son tan sensibles”, según informó la asociación civil Indignación.
Texto y foto: ACOM
