La Unidad Nacional Azul y Blanco, un movimiento de oposición en Nicaragua, anunció ayer una nueva manifestación “por la libertad”, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Seguiremos en la calle (…) este sábado nos movilizamos por la libertad”, anunció la Unidad a través de sus redes sociales.
Por razones de seguridad el punto de reunión de la manifestación no fue divulgado por los organizadores, pero se espera que se realice en Managua.
El movimiento opositor señaló además que protestará por los “derechos y la libertad de todos las presas y presos políticos”.
La Unidad organizó una marcha con objetivos similares pasado sábado 16 de marzo en Managua, pero fue impedida con violencia por agentes de la Policía Nacional.
Cientos de policías se desplegaron en estratégicos de la ciudad, y utilizaron la violencia para impedir la marcha, lo que incluyó la invasión de propiedades privadas, como gasolineras y centros comerciales, así como el uso de armas de fuego.
Los hechos violentos ejecutados por el Gobierno, que dejaron al menos 6 heridos y 107 personas detenidas, fueron criticados por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, así como por la comunidad internacional.
Aunque la Policía impidió la marcha, no logró disipar la protesta, ya que los manifestantes “autoconvocados” realizaron su manifestación desde edificios donde se sentían seguros.
La Unidad también citó a un “pitazo” nacional ayer, que consistió en hacer sonar las bocinas de los vehículos o cacerolas, que tuvo más éxito del esperado.
La crisis que vive Nicaragua desde abril ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, y Ortega, quien alega un intento de golpe de Estado en su contra, acepta 199.
Al menos 802 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, incluyendo 20 menores, tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
El Gobierno se comprometió anteayer a liberar a todos los “presos políticos” en un plazo no mayor de 90 días, como parte de sus negociaciones con la también opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para superar la crisis, luego de que Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con sanciones a Ortega y sus allegados.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
LISTA NEGRA
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer en Nicaragua figura en su “lista negra” debido a la instalación “de facto” de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.
Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que esta vez se refiere a 2018 y cada año nombra a los Estados del continente americano donde el respeto a los derechos humanos merece la “atención especial” del organismo, con sede en Washington.
La relatora de Nicaragua en la CIDH, Antonia Urrejola, explicó que el establecimiento de ese estado de excepcionalidad “de facto” ha sido considerado por el organismo con un “elemento determinante” para incorporar al país centroamericano a la “lista negra”.
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país se ha extendido por más de ocho meses.
Texto y fotos: EFE
