El Gobierno de México no ha dado información acerca del destino que dio a los ahorros producto del plan de austeridad durante 2021 que concentró al menos 5,980 millones de pesos, afirmó el jueves Annel Vázquez Anderson, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Durante la presentación del segundo “Informe sobre el combate a la corrupción: El país y las entidades federativas 2021”, en Guadalajara, la especialista afirmó que preocupa que el Ejecutivo federal no tenga bases de datos para conocer dónde están esos recursos.
“Los ahorros nos preocupan especialmente porque no hay información sobre su destino y no hay un adecuado análisis en la reducción de las partidas (presupuestales) y hay un ahorro al menos de 5,980 millones de pesos, la mayoría provenientes de gastos operativos y servicios personales”, destacó.
El informe es una investigación que compila el alcance de los mandatos de las instituciones anticorrupción en México, que además analiza el desarrollo de los sistemas anticorrupción en los estados del país además del manejo de sus presupuestos.
Vázquez Anderson explicó que los especialistas analizaron la cuenta pública de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para conocer las prácticas de discrecionalidad y la manera en que las dependencias emplearon los recursos.
Entre las variables analizaron las adecuaciones presupuestales, los gastos directos, fideicomisos, ahorros y contrataciones públicas, entre otras.
Destacó que de los 4,253 millones destinados a gastos indirectos en 2021, 2,824 millones estuvieron enfocados al ramo de Bienestar, de los cuales 80.7 % fueron etiquetados para el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
De los 253 fideicomisos del gobierno federal, 25 concentraron 482,773 millones de pesos, de los cuales 20 fueron coordinados por la SHCP y los otros cinco fueron coordinados entre la Secretaría de Salud y de la Defensa Nacional, que en el presupuesto de egresos fueron los que más recursos recibieron.
Resaltó que 80 % de las contrataciones públicas fueron por adjudicación directa y 10 % por licitación pública, las que las instituciones con más contrataciones fueron el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Entre las conclusiones del informe detalló la ausencia de coordinación y resultados conjuntos entre las instituciones públicas y la carencia de políticas estatales en materia anticorrupción, que suelen ser una réplica del sistema nacional.
Para el análisis de datos los especialistas revisaron 426 solicitudes de información, 31 bases de datos públicas de ocho instituciones públicas federales con más de un millón 880,000 datos abiertos.
Texto y foto: EFE
