Las modificaciones y reformas cuatro leyes estatales que permitirán castigos más severos a las personas que cometan feminicidio, con agravantes de ser familiar hasta del tercer grado y compañeros en los centros de trabajo, fueron aprobadas ayer por el Pleno del Congreso del Estado.
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, cuyo presidente es el diputado Luis Borjas Romero, fue la que presentó el dictamen, luego del análisis de varios días y la aportación de legisladores, autoridades y organismos relacionados con el tema.
A nombre del proyecto, Borjas Romero dijo que lo peor para las víctimas de un delito contra las mujeres es la impunidad del agresor, por lo que se están haciendo las adecuaciones al marco legal para impedirlo.
–Con este dictamen estamos mandando un mensaje claro: estamos luchando contra la impunidad; y los cambios propuestos persiguen, precisamente que quien cometa alguna de estas conductas sea castigado severamente por la ley– detalló.
En otro tema, se aprobaron reformas a 44 leyes locales para adecuar el marco normativo a la realidad el Código de Administración Pública del Estado de Yucatán.
En este caso, la diputada Karla Franco Blanco, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, aseguró que se le dio al gobernador Mauricio Vila Dosal las armas para que cumpla con sus planes para el estado.
–Dichas reformas tiene el propósito de que el titular del Ejecutivo cuente con la organización administrativa, que le permita cumplir con sus tareas y objetivos, y que esto posibilite impulsar políticas públicas que sean eficaces y que de beneficio social–dijo.
El Pleno también avaló un dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción que contempla las auditorías de las Cuentas Públicas del 2018 de 25 organismos públicos.
Sobre ello, su presidente, Alejandro Cuevas Mena, aseguró que estas cuentas ya se revisaron bajo los preceptos de una reforma del 2017, en donde la prioridad es frenar la corrupción.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos sometió a consideración un dictamen que modifica la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.
Su representante, María Teresa Moisés Escalante, indicó que la reforma dota de la atribución a la Secretaría de Salud para otorgar certificados de discapacidad, la eficacia del derecho al deporte y a la movilidad cuando exista un requerimiento de asistencia de algún aparato ortopédico, silla de ruedas o perro guía o animal de servicio.
–De gran trascendencia, es el reconocimiento del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, con el fin de garantizar su permanencia más allá de un periodo de gestión gubernamental– resaltó.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
