Diversas organizaciones piden a López Obrador que deje la farsa y aplique la Ley en el caso del juicio a los ex presidentes de México
El próximo 1 de agosto se realizará la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes de la República, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha provocado polémica y una serie de posicionamientos por parte de diferentes sectores de la sociedad civil yucateca, desde los que desean que el juicio se realice inmediatamente, sin necesidad de hacer la votación, hasta los que prefieren no involucrarse en dicho ejercicio democrático por distintas razones.
Como seguro ya sabe, la Consulta Popular que se realizará el próximo domingo se hará a solicitud de firmas ciudadanas y tras petición del presidente de la República, pese a que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no está de acuerdo. Pero ante la exigencia de los promotores, respaldados con firmas, se hizo la solicitud al INE y después a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió una pregunta confusa para los promotores.
Por ejemplo, en días pasados la agrupación Misión Rescate México, a través de su enlace en Yucatán, Reyes Augusto Escalante Escalante, presentó un posicionamiento con respecto a la Consulta Popular enfrente de las oficinas de la Secretaría de Bienestar federal, donde exigieron al presidente López Obrador “que deje la farsa y aplique la ley”, pues, según ellos, con la consulta el gobierno está derrochando 528 millones de pesos que bien podrían estar enfocados en acelerar la vacunación y aportar a la lucha contra el coronavirus.
Asimismo, exigieron al titular del Ejecutivo federal que utilice todos los instrumentos legales y el peso del gobierno para castigar a los presuntos corruptos del pasado y del presente. En ese sentido, pidieron que investigue también a toda la red de corrupción de la administración pasada, de la cual mencionaron algunos nombres como Manuel Barlett, el matrimonio Ackerman-Sandoval y a Alfonso Durazo.
También dijeron que un buen paso para comenzar con todo lo anterior es enviar una iniciativa con el fin de modificar la ley que anteriormente resultó incompleta y con fallas, de modo que en la próxima ocasión que suceda algo similar, el resultado sea el esperado y se haga justicia contra los corruptos que surjan.
ACARREOS DE EMPLEADOS
Ya como último punto, la agrupación acusó que los gobiernos de Morena preparan acarreos de empleados para que acudan el día de la consulta a sus respectivas casillas, motivo por el cual denominaron a tal actividad como un “show partidista”, pues, aseguraron que la consulta está condenada al fracaso, y que solo le sirve al presidente para mantenerse en campaña y pretextar que él quiere combatir la corrupción.
En ese sentido, un dato interesante que señalaron es que para hacer que la Consulta Popular sea vinculante a la ley se requiere que participe casi el 40% del listado nominal que tiene el INE.
¿Y LOS EMPRESARIOS?
En el sector empresarial, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Ponce Díaz, emitió un comunicado en el que señala que, debido a sus estatutos, dicha organización no puede tomar una postura ni a favor o en contra de la Consulta Popular o de cualquier proceso electoral, y por tal motivo no tendrán participación como observadores electorales, con lo que prácticamente se desligan del asunto.
También aseguró que no planean darle ningún tipo de publicidad a la consulta, ni positiva ni negativa, y que siempre estarán a favor de la aplicación de la ley, así como de la persecución de cualquier acto delictivo apegados al derecho y al debido proceso. En ese sentido, manifestaron que respetarán el derecho de cualquier miembro de la Coparmex que desee acudir a emitir su voto; sin embargo, estos últimos tendrán que hacerlo a título personal y sin mencionar al organismo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Iván Rodriguez Gasque, afirmó que, al igual que el resto de las organizaciones empresariales, su postura es que no le ven un provecho importante a este ejercicio, ya que si realmente se tienen las pruebas y evidencias para enjuiciar a estos personajes, entonces se debe proceder conforme a ley, por lo cual, “este movimiento es más político que otra cosa”.
Además, dijo estar seguro de que la respuesta a la consulta será “sí”, pues consideró que la mayoría de los que acudan serán simpatizantes del presidente; no obstante, no cree que se cumplan las condiciones para que la consulta sea vinculante, y por lo tanto, pierde el sentido de realizarse la mencionada actividad.
En cuanto a los permisos, señaló que el domingo es un día de poca actividad comercial, y consideró que los pocos negocios que abran no tendrán problema en permitir que sus empleados acudan a emitir su voto, pues es algo que los patrones ya están acostumbrados por otros procesos electorales.
DUDAS POR LA PREGUNTA
Por último, la asociación ciudadana Uniendo Caminos México elaboró un análisis sobre la pregunta que el INE hará el día de la consulta y las posibles interpretaciones que dicho cuestionamiento puede tener, así como de las modificaciones que hizo la institución organizadora luego de las quejas que surgieron ante la pregunta expresa de enjuiciar a los presidentes del periodo neoliberal.
Texto: Diego Cervantes
Fotos: Cortesía
